El trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no termina con la emisión de las recomendaciones, sino al contrario: justo ahí es en donde comienza, pues hay que dar seguimiento a esas observaciones para que se le dé cumplimiento puntual.
Ese fue el mensaje central del nuevo ombudsman, Luis Raúl González Pérez, en un carrusel de informativos radiofónicos vespertinos apenas unas horas después de haber asumido el cargo que ocupó Raúl Plascencia Villanueva hasta este domingo.
Horas antes había ofrecido una declaración a medios de la capital del país, en la que habló puntual “al caso Puebla”, al referirse al homicidio del niño José Luis Alberto Tehuatle Tamayo, el multicitado infante convertido en blanco de un disparo de proyectil de metal que le produjo, primero, muerte cerebral y, después, el deceso absoluto.
La convicción que ofrece el nuevo presidente de la CNDH no puede ser sino ponderada. En medio de un conjunto de mentiras que ofenden la memoria del niño muerto, la dignidad de la familia y la inteligencia de los poblanos, no debe sino ser plausible la posición del exabogado general de la UNAM.
Y debe echar por tierra las especulaciones naturales y entendibles que apuntan a una complicidad anticipada y criminal de González Pérez con el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas por interpósita persona, Rafael Moreno Valle Suárez, padre del mandatario y expresidente de la fundación UNAM.
Cuando el hartazgo de la sociedad por la impunidad reinante tiene al país al borde del colapso, la gobernabilidad amenazada y el sueño intranquilo de amplios sectores de ciudades enteras, un caso más de arreglos extralegales entre factores de poder para encubrir a culpables de un hecho bochornoso y denigrante no haría sino alimentar la polarización que ya preocupa.
La recomendación emitida la por la CNDH 2VG/2014 debe ser atendida en todos sus términos. No se trata de alimentar un clima de linchamiento, como los alfiles del gobernante han aventurado.
La muerte impune de un menor y la mutilación de otros habitantes de San Bernardino Chalchihuapan por el uso excesivo de la fuerza, amparados por una ley imprudente, aprobada por un conjunto de legisladores para combatir manifestaciones como la de un grupo de habitantes de esa comunidad que reclamaban el regreso de un servicio vital, no debe quedar sin castigo.
El nuevo presidente de ese organismo debe regresar la confianza a la institución que el antecesor, Plascencia Villanueva, dilapidó con su conducta omisa y complicidad evidente con el régimen en turno, merced de una amistad con Juan Pablo Piña, jefe de la oficina del gobernador poblano.
No hay tiempo que perder. La recomendación al gobierno de Moreno Valle a mediados de septiembre pasado fue desatendida parcialmente y esa es una más de las omisiones en medio del conjunto de anomalías orquestadas desde el poder local que dibujan el auténtico perfil deficitario desde la perspectiva del respeto y promoción de las garantías ciudadanas.