El secretario de Seguridad del gobierno de Puebla, Facundo Rosas Rosas, deberá dejar su responsabilidad en los próximos días, además de pagar una multa de 500 mil pesos como consecuencia del desalojo del 9 de julio de 2014 en San Bernardino Chalchihuapan, que costó la vida de un niño de 13 años de edad.
Lo mismo deberá suceder con Ofelia Flores Ramos, quien hasta ese momento era la subsecretaria de esa dependencia y responsable directa del violento operativo del que resultó herido de muerte al menor de edad José Alberto Tehuatle Tamayo y del que resultó herido casi un centenar de personas, entre habitantes de ese lugar ubicado en el municipio de Santa Clara Ocoyucan y elementos de seguridad.
A esta mujer relevada del cargo de subsecretaria desde la trágica tarde del 9 de julio pasado se le impuso además una multa de 300 mil pesos y, como a Facundo Rosas, el cese inmediato, lo mismo que a otros dos mandos con una multa de 160 mil pesos a cada uno: Willibaldo Ramón Díaz Castillo, exdirector de Operaciones Policiales, y Yair Bibiano Sánchez, excoordinador de Despliegue Territorial.
Es parte de un documento que el gobierno del estado recibió entre el 4 y 6 de febrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, después de que el organismo determinó que la recomendación 2VG/2014 por violaciones graves a los derechos humanos durante el desalojo del kilómetro 23 de la autopista Puebla-Atlixco, a la altura de San Bernardino Chalchihuapan, municipio de Santa Clara Ocoyucan, estaba irresuelta.
El expediente recibido por la Contraloría del estado, cuyo contenido sólo tendrían conocimiento el gobernador Rafael Moreno Valle; el secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas; y el procurador de Justicia, Víctor Carrancá Bourguet, sería acatado en las próximas horas.
De resultar válida la versión que una fuente habitualmente bien informada en el Distrito Federal compartió con el reportero, se convertiría en la primera batalla jurídica y mediática perdida que vive el gobernador panista, luego de las inverosímiles coartadas que su administración fabricó para evadir responsabilidades jurídicas y éticas tras la represión contra habitantes de esa comunidad.
El nuevo episodio después de la fatídica tarde aquel 9 de julio tiene nuevos componentes. Sobre si como el 12 de julio el mandatario poblano se definió asimismo como un gobernador que respeta y aplica la ley.
“Si una persona bloquea una carretera, se aplica la ley, es la responsabilidad y obligación del Estado. Yo sí creo en las instituciones. Yo respeto el estado de derecho y aplico la ley como es mi responsabilidad”, dijo en una entrevista que fue reproducida por la prensa nacional en lo que fue considerado como un mensaje a Andrés Manuel López Obrador, líder formal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).  
La permanencia de Facundo Rosas en el gabinete Rafael Moreno Valle convirtió en blanco fácil al proyecto con aspiraciones presidenciales frente a la oposición política dentro y fuera del estado. 
Coincidente o no, la CNDH abrió la puerta a la administración panista en el territorio para salir de un problema que deberá ser adecuadamente administrado para evitar repercusiones en el proceso electoral en curso, después de que la #leyBala tiró a Facundo Rosas.