La ratificación de Blanca Lilia Ibarra Cadena como directora del Canal del Congreso se tambalea. El costo para su permanencia, impuesto por las bancadas del PRD y PAN es alto: el fuero presidencial para la creación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.
No extrañe que los alfiles del gobernador Rafael Moreno Valle saquen ventaja de esa coyuntura en el Congreso de la Unión para boicotear la toma de protesta de quien legalmente fue nombrada para ocupar el cargo antes del fin de semana pasado.
El senador Miguel Ángel Barbosa es uno de ellos. Cabildero profesional de los intereses del inquilino de Casa Puebla ha movido lo que ha sido necesario para cumplir con esa encomienda. El patrón manda.  
No obstante, la Comisión Bicameral integrada por dos legisladores del PAN —Juan Pablo Adame y Daniel Gabriel Avila Ruiz—; dos del PRI —Jesús Casillas Romero y Martha Gutiérrez Manrique—; y dos del PRD —Alejandro Encinas Gutiérrez y Alfa González Magallanes—, hizo la designación como corresponde.
Se impuso a perfiles de trayectorias de diversa índole. 
A un exdirector general de Televisión Educativa como Fernando Antonio Mora Guillén; a un exdirector general de Cepropie en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, Héctor Cervera; y a Glen Antonio Magaña Robles, exsupervisor de noticieros en Televisión Educativa, entre muchos otros aspirantes.
Ayer, los grupos parlamentarios del PAN y PRD habíanintentado imponer como condición para transitar hacía la ratificación de Ibarra Cadena el retiro del fuero constitucional presidencial, un cambio que no se vio reflejada en la minuta que a media tarde aprobaron comisiones unidas del Senado de la República.
En primera lectura la Ley de Anticorrupción fue aprobada en la sesión de hoy. Será turnada al pleno para este martes para ser votada y el plazo para impedir que la nueva dirección entre en funciones corre en sus últimos minutos. 
El tiempo apremia. El periodo ordinario de sesiones concluirá el 30 de abril, con la participación de Jorge Cruz Bermúdez, el encargado de despacho de la Secretaría General de Gobierno, enviado de Rafael Moreno Valle Rosas a explicar ante los legisladores sobre lo sucedido el 9 de junio de 2014, cuando la policía estatal hirió de muerte a un menor de edad en la autopista a Atlixco, Chalchihuapan.
Es probable que para entonces la cobertura de las cámaras de televisión del Congreso de esa suerte de comparecencia, sea dirigida desde la oficina del Canal del Congreso por Blanca Lilia Ibarra, esta mujer a quien el régimen en Puebla impuso vetos por todas partes como sucede con frecuencia con quien resulta incómodo, con independencia de criterio y con valor para asumir esa condición.
Nada está escrito aún, pero ese escenario sería deseable ante la magnitud de la prepotencia y la arrogancia que se respira en el territorio.