La nueva fuga de Joaquín Guzmán Loera no es solo una mala noticia para el presidente Enrique Peña Nieto que comenzaba a mostrar una marginal recuperación en el terreno de la opinión pública,desde que le pasó la factura por la detención, ejecución y desaparición de los 23 alumnos de la escuela normal de Ayotzinapa en septiembre pasado.
Lo es también para el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, uno de los principales prospectos para jugar la sucesión presidencial en 2018. Que el reo más conocido como El Chapo haya conseguido evadirse del penal de máxima seguridad en el país es un duro traspiés para la carrera política del responsable de la política interna.
El secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, y su grupo deben frotarse las manos ante el manjar que este episodio ha puesto en el corazón de la vida nacional. El tropiezo de uno fortalece al otro, la lucha por el poder ha sido así desde tiempos remotos y no habría porqué ser de otra manera.
El grupo conocido en la capital del país como el “paste power” ha sufrido el debilitamiento más severo desde que ocurrió la masacre de estudiantes a manos de la pareja imperial que el perredismo cobijó en Iguala, Guerrero y de la que después quiso desentenderse.
Y si el responsable de la política económica celebra en su intimidad la desgracia en la que cayó su compañero de gabinete y virtual competidor en el adelantado periodo sucesorio, en un segundo plano otro actor hace cálculos matemáticos para sacar ventaja de la desventura del presidente de la República y su secretario de Gobernación.
Se trata del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, metido hasta el fondo en el escándalo por el espionaje político documentado en los medios y denunciado por activistas y legisladores federales, pero encarrilado para competir por la candidatura panista.
Hace un año que vivía la peor crisis política de su período sexenal por el homicidio cometido por su gobierno en contra del niño José Luis Alberto Tlehuatle Tamayo en un desalojo con exceso de fuerza pública, sacó ventaja de la masacre estudiantil en Guerrero y de las ejecuciones sumarias en Tlatlaya, Estado de México.
Alentar la diatriba popular en contra del peñanietismo terminó por poner en el desván de la memoria un auténtico crimen de Estado, documentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El niño está muerto, su familia vive un período de duelo lastimoso pero el gobierno de Moreno Valle gritó “al ladrón, al ladrón” y apostó por el olvido. Y el país entero, los medios afines y sus voceros criticaron con severidad al presidente y su gobierno por expedientes ciertamente condenables, pero no menos abusivos que los del gobierno estatal.
El manual ya le funcionó hace un año. Hoy que enfrenta como nunca el enojo y la indignación utilizará el mismo manual. La fuga del Chapo terminará por darle el aliento que necesita para avanzar en el tramo más dificultoso en el terreno de la opinión pública.
El presidente y su gabinete de seguridad deberán encontrar y aprehender en un plazo perentorio al popular narcotraficante; investigar y castigar a los cómplices corruptos incrustados en el sistema carcelario que permitieron la fuga; y de paso, poner en las rejas al ingeniero civil que construyó el túnel por el que se evadió para atemperar el enojo ciudadano y las ambiciones sucesorias de grupos antagónicos.