Los números y la aritmética permiten hacer evaluaciones menos subjetivas que las que ofrecen la hipótesis, el juicio de valor o las consideraciones de carácter cupular, grupal o de índole ideológico.

Así, por ejemplo, tenemos que reportes de Petróleos Mexicanos establecen que en Puebla existen 2 mil 190 tomas clandestinas.

La numeralia data de septiembre de 2016, es decir, 190 días antes del cierre sexenal de Rafael Moreno Valle, que se extendió a los 2 mil 190 días, suma de 365 días del año multiplicados por seis.

La ecuación permite advertir que cada día que el mandatario condujo el destino de los poblanos, una toma clandestina para robar combustibles fue abierta por algún grupo delictivo. El dato por sí mismo es escandaloso, desde esa perspectiva.

Lo es más si se toma en cuenta que este delito del fuero federal cometido en el territorio estatal también salpica, en el más amplio sentido del término, al PRI, PAN, PRD y al mismo PSI, un partido local con claros vínculos con el grupo en el poder.

Los municipios donde se ubican tomas clandestinas de gasolinas son Acajete, gobernado por Antonio Aguilar Reyes, quien llegó al cargo por una alianza PRD-PAN; lo mismo sucede en Tecamachalco, con Inés Saturnino de extracción panista; Palmar de Bravo, que llegó bajo las siglas del Partido Social de Integración, auspiciado por operadores al servicio del círculo de Moreno Valle.

Los priistas tampoco se quedaron atrás. Tepeaca tiene como edil a David Huerta, de extracción priista y quien por cierto hace meses levantó la mano para ser dirigente de ese partido en el estado; y en Quecholac, Néstor Camarillo.

En lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, Pemex encontró poco más de 4 mil tomas clandestinas en cuatro estados; Puebla tiene más de la mitad, solo superada por Tamaulipas.

La ordeña ilegal a los ductos arrojó para esa empresa pérdidas al día por 54 millones de pesos entre estas entidades, además de Guanajuato, Jalisco y una porción de Veracruz. Eso quiere decir que en mil 460 días que abarcó el cuatrienio de mandato federal, la industria del huachicol arrojó ganancias por 78 mil 400 millones de pesos y casi la mitad fueron obtenidos en Puebla.

Imposible que una actividad ilegal tan lucrativa esté ajena o desconocida a las autoridades locales.

De acuerdo con reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuatro cárteles se disputan las plazas donde se extraen gasolinas: cártel Jalisco Nueva Generación, Los Zetas y células de La Familia Michoacana, así como el cártel del Golfo.

En noviembre del año pasado en Bahías de Huatulco, el gobernador de Puebla admitió incompetencia para procesar a delincuentes dedicados al robo de combustibles, pero obvió un dato que colocó a su gobierno en el blanco de las autoridades federales: la detención la madrugada del 14 de julio de 2015 de Marco Antonio Estrada López, exdirector de la Policía Estatal Preventiva, y Tomás Méndez Lozano, exjefe de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública.

Cercanos ambos a quien era el titular, Facundo Rosas, estrecho colaborador de Genaro García Luna en el sexenio de Felipe Calderón, decidió enviarles asistencia jurídica a cargo de la dependencia estatal cuando ya estaba comprobado que habían sido detenidos por fuerzas federales al momento de proteger a bandas dedicadas a ese delito.

La trama de la corrupción que el huachicol ha tejido alcanza para eso y mucho más.