Ya entrada la noche, el padre de familia escuchó del otro lado de la línea telefónica la voz imperante que le advertía de una pesadilla probable: cuatro dedos de su hijo, secuestrado unas horas antes, cuando se dirigía a su centro de trabajo.
Se trataba del tramo final de una negociación con un grupo de plagiarios, quienes tenían en su poder a uno de sus hijos, pidiendo un monto de 1 millón de pesos.
Obligado, debió reunir 850 mil, no había más efectivo en toda la familia. “Tengo 845 mil”, dijo a quien parecía el jefe de los secuestradores. Fue cuando escuchó la contraoferta: el hijo vivo, pero incompleto.
No es un cuento de ficción y tampoco se trata del guión de una pieza cinematrográfica que pone de relieve las condiciones de inseguridad con las que se vive hoy en día en cualquier punto geográfico del país.
La historia sucedió en Puebla capital, el martes de esta misma semana. Los nombres de la familia se mantienen bajo reserva, merced del trauma que vive cada uno de ellos y de la vulnerabilidad después de un evento desafortunado que les impactó con severidad. Padre de dos jóvenes profesionistas, el jefe de familia es un exitoso empresario restaurantero que posee negocios en la Ciudad de México y Estados Unidos. Y sin embargo, el perfil que ha mantenido ha sido bajo, discreto y sin presunción alguna, lo mismo ha sucedido con sus hijos.
El mayor es empleado bancario, el otro forma parte del equipo en el área creativa de una empresa generadora de contenidos para redes sociales. El primero fue quien padeció el plagio que duró de martes a jueves, 72 horas de angustia, miedo y oprobio.
Terminó cuando al mediodía del jueves pactaron el lugar de la entrega del dinero reunido entre familiares y amigos, por el rumbo de Valsequillo.
Una vez que el grupo delictivo confirmó la entrega, estableció el sitio donde encontrarían al joven en cautiverio, sujetado con cuerdas, cinta canela sobre boca y ojos y drogado, tirado en un páramo, pero completo.
En toda esta línea de tiempo, la actuación de la Fiscalía General del Estado fue nula. La denuncia fue presentada, sin embargo, resultó ocioso por partida doble. Argumentaron en esas oficinas que se debía esperar a que transcurriera un plazo de 72 horas, no obstante que los secuestradores ya habían establecido contacto con los familiares para el cobro del rescate.
Más aún, encima de la angustia por un hijo secuestrado y el inmovilismo oficial, la corrupción. Alguien ahí fue sincero y cínico: pidió la mitad del monto exigido por los secuestradores para encontrar en un plazo de 48 horas a la víctima.
La historia, vale subrayarlo, no es de ficción.