El sistema de partidos y el responsable de la organización electoral junto al poder Legislativo están por abrir una puerta falsa en aras de cumplir con un reclamo social entendible, pero no justificado: admitir dinero privado en las campañas políticas.

La ocasión es propicia para demandar freno al financiamiento público para partidos políticos y candidatos en 2018. El ánimo social tras el 19-S no está para tolerar dispendio alguno desde las esferas del poder ante las necesidades apremiantes. Y está bien, pero no tanto.

El gasto oneroso de quienes se promueven como aspirantes a cualquier cargo en los últimos 7 meses de 2017 no ha cesado ni un solo día y ese dinero no viene de las arcas públicas, sino del bolsillo de algunos patrocinadores que desde la sombra apuestan por adquirir bonos de futuro. Amor con amor se paga, se dice.

Un caso que todos conocen es el de Rafael Moreno Valle, el exgobernador de Puebla a quien todos señalan como el artífice de la creación de un grupo mafioso que obtuvo ganancias estratosféricas, cuando ocupó Casa Puebla y que hoy apuesta ese capital sucio por el aspirante presidencial.

Una leyenda urbana dice que en 2015, previo a la elección intermedia para renovar el Congreso, un enviado de este exmandatario sufrió un atraco en la Ciudad de México antes de entregar 2.5 millones de pesos en efectivo para un candidato a legislador apadrinado por el poblano. No hubo denuncia porque en el argot de quienes se mueven en los sótanos de la operación electoral, se considera 'botín de guerra'. 

Detrás del apadrinamiento 

No es el único caso, pero es el ejemplo más a la mano con el que se cuenta, aunque también están las cajas de huevo repleta de billetes que salían desde las oficinas de Javier Duarte de Ochoa, el exgobernador de Veracruz y que eran utilizadas para financiar a candidatos y candidatas de diversos estados, entre ellos Puebla.

Los requerimientos para financiar una campaña rebasaron por mucho y desde hace tiempo el dinero que el Estado entrega. No hace mucho un exdiputado local de la coalición Compromiso por Puebla dijo que de su bolsillo tuvo que poner 15 millones de pesos, cuando recibió de dinero público 1.2 millones de pesos, insuficientes.

Sin la aportación de los recursos propios, habría sido imposible financiar los artículos que habitualmente son entregados al electorado más allá de las ofertas de campaña: sombrillas, gorras, bolsa de mandado y hasta espanta suegras.

Dejar que el dinero privado entre a financiar las actividades de los candidatos conlleva un riesgo de enormes proporciones. No es desconocido que hay huachicoleros en Puebla con dinero suficiente para 'apadrinar' candidatutas; 'lenones' en Tlaxcala; o sicarios en Veracruz.

El Estado no puede abdicar de esa responsabilidad. En medio del griterío la mesura se dificulta, pero es siempre pertinente.