Consultados, conocedores en derecho penal ven un conjunto de imprecisiones en la carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado.

Un boleto de salida para Nahur Hernández Santaella, el principal señalado de la sustracción millonaria de una bóveda para bienes colocada en el sótano de la dependencia.

Una falta de consistencia en el monto del robo salta. Un criterio estableció en 8 millones lo sustraído; otra área lo redujo a cuatro y así, hasta reducirlo al mínimo.

No sólo faltó coordinación entre las áreas involucradas y hasta las esferas de las contralorías, la propia y la del gobierno estatal para determinar el monto del hurto que produjo un severo juicio popular plagado de picaresca en la esfera local: ladrón que roba a ladrón.

Al indiciado lo detuvieron acusado de haber cometido delito de robo ‘pero al comprobarse que el activo es Servidor Público se determinó que los hechos referidos la Ley (sic) los señala como delito de Peculado’, dice el apartado de RESULTADOS en el abultado expediente.

Nahur Hernández Santaella, a quien pillaron desde que se realizó una ‘diligencia de inventario’ el 29 de agosto y que terminó al día siguiente, podría tener su pase de salida más sólido con un argumento infalible: su propia ausencia por motivos de salud.

Ya para entonces gozaba de permisos verbales de parte del Oficial Mayor para ausentarse bajo el argumento de un padecimiento renal. La coartada parecía perfecta hasta que un quejoso hizo llegar una carta para que le fueran devueltos sus bienes. Los nombres se mantienen en reserva por obvias razones.

Presos del pánico por los sólidos indicios del autorrobo, funcionarios sin personalidad jurídica de la Fiscalía General decidieron forzar candados y accesos a la Bóveda de Bienes sin la presencia de un notario. Protocolos tan elementales como el establecimiento de una cadena de custodia fueron ignorados.

La punta de la hebra de toda esta historia comenzó cuando en agosto del año pasado un ciudadano reclamó la devolución de sus bienes, estimados en 231 mil pesos, para lo que Nahur Hernández Santaella se compromete a devolver en septiembre.

Nunca volvió a presentarse en sus oficinas, no obstante ser el único funcionario con personalidad jurídica para manejar la Bóveda de Bienes y de “coordinar la logística para prestar apoyo administrativo durante los cateos y operativos llevados a cabo por el Representante Social”.

En las transcripciones telefónicas de las conversaciones telefónicas de la esposa de Hernández Santaella, a quien se le ubicó durante el periodo de fuga entre Morelos y Oaxaca, se puede concluir que hay bienes y propiedades que un servidor público no podría haber pagado, a menos que hubiere sido beneficiado con la herencia de un familiar, el gesto de un filántropo excéntrico, o afortunado comprador del billete premiado en una rifa millonaria.

Tan afortunado fue, que sólo él sabe si es verídica la versión de haber sido detenido por el policía Fernando Rosales Solís en, titular de la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto en la caseta de peaje de la carretera hacia Atlixco, en medio de la nada. Ante todas las inconsistencias del caso, Nahur Hernández Santaella parece tener un pie fuera del reclusorio.

¿Qué sabe este ex funcionario para tener las comodidades de las que goza? ¿Pagó para que le armaran un traje tan cómodo?

Las respuestas podrán esperar, pero el imaginario tiene elementos para suponer que en el tercer piso de la Fiscalía General del Estado hay un grupo de funcionarios que cubren las espaldas del ex gobernador Rafael Moreno Valle que valida con torpezas obvias, la evasión sujetos de alto perfil delictivo.

Sólo hasta que intervino el fiscal Metropolitano, Gustavo Huerta Yedra fue que Hernández Santaella, fue sometido a proceso. Carrancá Bourget juega las contras a través de Rosales Solís, el incondicional.