Un grave riesgo del discurso anticorrupción de Andrés Manuel López Obrador es que más allá de sus “buenas intenciones”, las prácticas ilegales son parte de la condición humana.

Antes de conocer la evidente ilegalidad del fideicomiso pro damnificados del S19, me preguntaba cuánto tardaría en llegarle a AMLO su propio toallagate.

Pues por increíble que parezca, el hombre que prometió acabar con la corrupción con su simple arribo a la Presidencia, todavía no toma posesión y ya le tronó el primer bombazo.

Nuestra corta memoria política provoca que se nos olviden escándalos, que en su momento indignaron a todos los mexicanos.

Cómo olvidar la primer bomba en el gobierno de Vicente Fox que estalló en junio de 2001, cuando el periódico Milenio publicó una lista de productos adquiridos desde la Presidencia, en donde se pagó 400 dólares por cada toalla de baño.

El llamado toallagate echó por la borda la imagen de honestidad con la que Vicente Fox derrocó al régimen priista, en donde acabar con la corrupción había sido una de sus principales banderas electorales.

Una empresa fantasma, a través de la cual se compraron toallas de 400 dólares, cortinas a control remoto por 17 mil dólares, sábanas de más de 3 mil 500 dólares, fue la causante de este escándalo mediático, que gracias a que las redes sociales no existían, el tema quedó en un vergonzoso incidente que le costó la cabeza al administrador de Los Pinos, Carlos Rojas.

La información, divulgada en junio del primer año de la administración foxista por el diario Milenio, fue retomada de la página de internet de la Secretaría de la Contraloría.

La página incluía numerosas compras millonarias. Entre otras, figuraban una cama con una costosa cabecera, un baúl de pie de cama con un elevador para baúl, lámparas, sofás, copas, manteles y otros bienes que sumaban aproximadamente quinientos mil dólares.

Irónicamente, uno de los principales críticos del toallagate fue el hoy senador electo morenista Martí Batres.

A las acusaciones de Batres y otros críticos de la izquierda, de manera cínica, el propio Presidente Fox les respondió: “Qué bueno que la prensa haga saber a todo mundo a qué precio compramos las toallas aquí en la casa de ustedes. Eso es transparencia”.

Tres sexenios después, López Obrador también reaccionó al que el consideró una venganza del INE y lo hizo con un enojo que parecía haber desaparecido de su conducta habitual.

En el caso del fideicomiso hay muchos puntos indefendibles.

1. El carrusel de 6 personas formándose en repetidas ocasiones en una misma sucursal durante 20 minutos para hacer depósitos en efectivo de 50 mil pesos, es un acto que presume un delito fiscal.

2. El haber retirado el dinero sin haberse transparentado como lo exige el propio fideicomiso implica otro delito.

3. El haber entregado dinero a supuestos damnificados del sismo es una conducta tipificada por la ley como un delito electoral.

4. Todo esto sin considerar la legalidad de los millonarios recursos inyectados al fideicomiso, lo cual abriría la puerta a la investigación por un posible lavado de dinero.

5. Y rematando con la confesión de Yeidckol Polevnsky quien reconoce como un error personal no haber notificado al INE la creación del fideicomiso.

Comparándolo con el caso Monex en la campaña de Enrique Peña Nieto podemos concluir que es un caso similar, pero menos sofisticado y con la agravante del depósito de efectivo.

Y es aquí en donde deberá reflexionar López Obrador si su política en el manejo de crisis va a ser la de la negación sistemática, o la de actuar con energía, cortando cabezas de quienes incurran en actos de corrupción o de ilegalidad, trátese de quien se trate.

No hay que darle vueltas, casos de corrupción van a existir y cuando estos se hagan públicos, Andrés Manuel deberá decidir entre dos caminos: acusar a los medios de ser prensa fifi que busca venganza, defendiendo a los funcionarios infractores; o si utiliza esa información para actuar con todo el peso de la ley encarcelando a los corruptos.

¿Cuál de estos caminos tomará AMLO?

Veremos y diremos.