Existe delincuencia organizada, y la de cuello blanco. Al final son lo mismo pues suelen afectar a los ciudadanos de bien que de acuerdo con el lugar común, se dice que somos más. Lo que no se especifica, es que esa mayoría bondadosa termina por lo regular en medio de los intereses espurios de ambos bandos.

Es lo que sucedió con los dos últimos cierres de la autopista México–Puebla y Puebla–Orizaba. Con una diferencia de cinco días ambas acciones tuvieron como fin último ejercer presión ante diversas instancias de gobierno para alcanzar objetivos precisos.

La del martes a la altura del convulso poblado de Palmarito Tochapan, una comunidad del municipio de Quecholac, grupos identificados con bandas delictivas dedicadas al robo de combustible disfrazaron una demanda ciudadana con la inconformidad por la búsqueda de un cabecilla.

En el colmo del episodio, el edil electo del lugar, José Alejandro Martínez Fuentes, hermano de un jefe delictivo, Antonio Martínez Fuentes El Toñín, uno de los cuatro cabecillas que llegaron a liderar el robo de combustible junto a Óscar García Téllez El Loco Téllez; Roberto de los Santos, El Bukanas; y Areli Pérez, La Negra, llamó a la revuelta.

Unas siete horas de cierre de autopista por una supuesta exigencia ciudadana que tenía como propósito alertar al pueblo bueno contra el gobierno malo que busca poner freno a una ola delictiva que alcanzó su peor momento el 3 de mayo de 2017 con el enfrentamiento entre militares y civiles con saldo de diez muertos.

“A qué entran a las 2 de la mañana, ¿qué quieren, traen orden de careo? Y es que nosotros nos tenemos que parar a las 2 de la mañana al molino porque nos vamos a trabajar todo el día para que llevemos nuestra comida y les dejemos a nuestros hijos. Entonces, ¿qué seguridad tenemos nosotros? ¿O quieren hacer lo mismo del 3 de mayo?”, dice una mujer con una cartulina sobre las manos al participar en el más reciente bloqueo.

El pueblo bueno contra el gobierno malo, aunque detrás de las arengas se esconda un grupo de delincuentes que está dispuesto a usar como carne de cañón a un puñado de gente manipulada.

Y hay otra cara de la misma moneda. La de la omisión o falta de compromiso para evitar cierres carreteros como el del jueves 27 de octubre en Santa Rita Tlahuapan, por un pago atrasado derivado de un añejo juicio agrario que terminó con la exhibición de un documento bancario por más de 176 millones de pesos para el comisariado ejidal.

La escena inédita a las afueras del Centro SCT en la que el director Javier Aquino Limón entrega el cheque a un líder ejidal tenía un telón más amplio: horas antes había sido asfixiado el flujo carretero con una cifra incalculable de afectados tras horas de paralización vehicular.

Aquino Limón, que fue presidente municipal en Acatzingo y diputado local por el Partido Revolucionario Institucional desatendió la demanda, la minimizó y terminó por afectar a cientos de miles de usuarios de la autopista que conecta al corazón de la República con el sureste del país.

El personaje llegó a ser director del Centro-SCT de la mano de José Chedraui Budib, el hábil gestor de obra pública que usufructuó la amistad con Enrique Peña Nieto, desde la campaña en 2012, hasta obtener negocios de enorme utilidad.

La promesa hecha para obtener el cargo para este inoperante recomendado era que desde esa instancia se podría financiar parte de la campaña de Enrique Doger, el derrotado candidato al gobierno del estado por el PRI, cuentan funcionarios federales que conocieron de la negociación.

Nadie sabe si en efecto hubo aportaciones en efectivo o especie para la frustrante campaña de la primavera de 2018, pero el moche pudo haber alcanzado niveles de institucionalización.

La delincuencia de cuello blanco que no dista mucha de la delincuencia organizada, también ha colocado a la sociedad en condiciones de orfandad.