Unas horas después de la ejecución del presunto narcomenudista en el área de food truck de la Ibero Puebla el lunes 8 de octubre, exactamente la semana previa al cambio de mando en la mayoría de los municipios de Puebla, fue encontrado un auto aparentemente abandonado en la caseta de peaje a Atlixco.
Era un automóvil tipo Sentra de la firma Nissan con placas de circulación de la Ciudad de México que trasladó a los cuatro integrantes de la banda que ultimó a Armando Estéfano Alvarado Granados, a un costado de la Prepa Ibero. Ya la noticia de la ejecución en la zona había alarmado a la sociedad poblana y la noticia llegaba a la prensa nacional.
Curiosamente la cámara de seguridad del C-5 del municipio de San Andrés Cholula que se encuentra al pasar la caseta de peaje no registró ningún movimiento anormal, como tampoco el automóvil que los esperaba para huir con toda calma luego de abandonar el Sentra.
Ni siquiera la presencia del director de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado, Juan Luis Galán Ruiz permitió obtener mayor información del paradero de los ejecutores, que ahora se sabe, utilizaron un arma calibre .45 de uso exclusivo del Ejército para impactar hasta en cuatro ocasiones al muchacho muerto.
La ejecución del distribuidor de droga al menudeo en el área en la que se asientan los colegios y escuelas más exclusivos de la zona metropolitana tiene un contexto particular: es una plaza disputada por tres grupos de narcotraficantes, según confiaron conocedores de la indagatoria.
El asunto no puede ser tomado a la ligera porque convergen intereses de toda índole por el control de un mercado atractivo por el número de jóvenes que concentra el área de le ejecución y su capacidad adquisitiva, como sucede en el corredor de antros que se ubica atrás de la Universidad Iberoamericana y de las Américas Puebla, en San Andrés Cholula.
La falta de capacitación en las corporaciones policiacas en el ámbito municipal han dado como resultado la improvisación y colusión de mandos y uniformados con grupos delincuenciales.
La presidenta municipal de San Andrés, Karina Pérez Popoca no lo entendió, o está dispuesta a jugársela con un par de mandos improvisados.
Se trata de Arturo Saucedo Díaz, ex director de Protección a Funcionarios Públicos, un ex escolta del gobernador Rafael Moreno Valle, cuya capacidad en el área de seguridad pública no está probada; el otro es Daniel Aguilar Hernández, ex jefe del Estado Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública, cuando Alejandro Santizo fue titular de esa dependencia.
Santizo fue una importación de Facundo Rosas, el funcionario que salió de la Secretaría de Seguridad Pública bajo la sospecha de estar coludido o ser omiso ante la protección documentada de sus mandos con grupos de huachicoleros.
En el libro Seguridad pública para una sociedad en riesgo, el autor Alberto Aguilar Ledesma, quien es consultor en materia de seguridad y ex integrante de la Policía Federal, escribe que se han ido perdieron los enfoques de modernidad en las corporaciones y de cuidado al orden público.
“Esto es un indicio de la lucha dentro de la élite gobernante por el control del poder central, no se atendieron las ideas ni los asuntos relevantes de la ciudadanía y su seguridad”, define en su libro este ex integrante del Comité de Seguridad México-Estados Unidos y Canadá. Pérez Popoca parece haber caído pronto en ese juego. Pronto se verá el resultado de la presumible componenda.
