El fin de semana la campaña de Luis Miguel Barbosa ofreció ejemplos del reacomodo de fuerzas políticas en la escena local. El senador rebelde Alejandro Armenta en San Pedro Cholula; Gerardo Islas, ex presidente de Nueva Alianza y morenovallista de cepa, por otro lado; y también, el excandidato a gobernador por el PRI, Javier López Zavala, en Tlapanalá, en la mixteca.
Apenas el martes, la agrarista Maritza Marín Marcelo hizo lo propio. En una entrevista posterior, Luis Miguel Barbosa dijo que desde hace semanas que la emblemática dirigente cenecista trabajaba en la campaña de Juntos Haremos Historia.
De todos estos personajes conviene detenerse en López Zavala porque su nombre apareció la semana pasada en la lista de los ‘mal queridos’ del Partido Revolucionario Institucional, junto a otros militantes que serán echados si es que antes no da un paso atrás Claudia Ruiz Massieu, la presidenta del CEN del PRI.
Con una bajísima popularidad, el Partido Revolucionario Institucional decidió comenzar una purga interna para echar de sus filas a quienes claramente decidieron en tiempos de campaña jugar un doble juego, abiertamente o con disimulo.
En el caso más notable, se trata de correr a Leobardo Soto Martínez, eternizado en la dirigencia del sector obrero del PRI, la Confederación de Trabajadores de México, a quien todo mundo ubica como un acomodaticio cetemista capaz de pactar sin reparo con el gobernador en turno, aunque se trate de los sepultureros del grupo que lo entronizó en ese cargo.
También está Vanessa Barahona, ex candidata a una diputación federal por el PRI y ex delegada da Secretaria del Trabajo en el gobierno de Enrique Peña Nieto. La purga también alcanza a Karina Romero Alcalá, una joven de cepa priísta, hija de la ex embajadora de México en Colombia y ex candidata al gobierno de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz.
No aparece aún en la lista de priistas colocados en el paredón de fusilamiento político, Enrique Doger Guerrero, el ex abanderado en 2018 que aún en medio del periodo de impugnación decidió acudir a las oficinas del Partido Acción Nacional en Puebla para levantar la mano a la fallecida Martha Erika Alonso. Pero nada impide que también se le llame a cuentas para iniciarle un proceso sancionatorio.
La decisión de expulsar a todos estos militantes ‘distinguidos’ sucede en momentos en que el candidato de este partido, Alberto Jiménez Merino nada contracorriente en una elección extraordinaria que podría arrojar los peores resultados para un partido que gobernó durante 80 años en el estado.
El dirigente obrero se engalló hace unos días. Acusó a quienes quieren verlo fuera del PRI de ser ‘pederastas’ con un argumento endeble y falaz: el reabierto caso de la detención de Lydia Cacho Ribeiro, en 2004 y quien destapó una red de pedófilos entre quienes no se encontraba uno sólo de los priístas a quien el cetemista acusa de tener inclinas sexuales perniciosas.
En esta trama que pretende la expulsión colectiva participa directamente la dirigencia de Lorenzo Rivera, un presidente priísta timorato que sin embargo, permitió que fuera usada la cuenta de correo institucional del PRI para invitar a la rueda de prensa de la llamada ‘corriente crítica’ para acribillar a los militantes que mutaron a otras militancias.
Pobre el panorama del priismo poblano con un presidente sin autoridad política; una clase política dividida; sus dirigentes sectoriales con un pie en Morena; y un candidato a quien sus liderazgos han abandonado.