Empeñado en la contracción de la paz en Puebla, el gobierno de Miguel Barbosa enfrentó el primer imponderable con la muerte violenta de ocho personas en una de las regiones del estado más castigadas por la presencia de grupos delictivos: la mixteca poblana.
Los linchamientos son consecuencia de la ausencia de la autoridad judicial que durante los últimos años dejó un vacío ominoso propiciado por la eliminación de las agencias del Ministerio Público en el interior, pues la política en el uso del gasto público fue orientada a necesidades no prioritarias.
Quienes desde el poder se solazaron por el remozamiento de la zona metropolitana de la capital con la Estrella de Puebla (nuestro London Eye); con el Museo Internacional del Barroco (el servilletero); o la construcción de un teleférico diminuto en la zona de Los Fuertes llevaban al extremo el impulso frívolo de sacrificar dinero público en lugar de orientarlo a rubros fundamentales como la seguridad ciudadana.
Reportes consistentes ubican a Puebla como una de las entidades del país en donde más casos de homicidios tumultuarios se han registrado, sólo por debajo del Estado de México.
De acuerdo con un estudio efectuado por la empresa Indicadores SC, casi 90 por ciento de la muestra estatal sugirió que el gobierno que comenzó el jueves 1 de agosto debe poner especial énfasis para conseguir la tranquilidad de los poblanos, el combate a la delincuencia.
La medición tiene matices en función del universo consultado por sexo, ocupación y edades; sin embargo no hay duda: la administración estatal deberá poner especial atención en la recuperación de la tranquilidad ciudadana no sólo con el combate a la delincuencia, sino a la impunidad.
Miguel Barbosa lo entendió. Se metió a los municipios en donde ocurrió el expediente negro de los linchamientos el miércoles de la semana pasada e involucró en un diálogo directo a autoridades municipales, estatales y a la jerarquía católica.
La ausencia de la autoridad en momentos en que la sociedad lastimada por asaltos, robo de ganado, extorsión o secuestro sin castigo contribuyó al linchamiento de siete personas y un civil.
Es la herencia maldita del desistimiento de una autoridad que estuvo más enfocada en mantener cotos clave de poder para influir en la política partidista nacional, en detrimento de la población civil en el territorio estatal.
Lo que vimos en Cohuecan y Tepexco se llama la ley del talón: ojo por ojo y diente por diente, que ya no se puede permitir.
