Nubarrones es lo que habrá por el rumbo de San Andrés Cholula, en donde la tormenta estará lejos de las intensas precipitaciones de los últimos días.

El nuevo episodio que está por vivirse tiene que ver más con la forma de gobernar de la edil, Karina Pérez Popoca, que ha despertado sospecha y enojo en al menos ocho regidores que este jueves se proponen meter en aprietos la administración municipal.

Las acciones que se propone la mayoría de los integrantes del cuerpo edilicio podría provocar la paralización de la administración en esa demarcación, de las que el autor de la columna posee copias. No podría, según testimonios anticipados a este reportero, contratar servicios o productos y menos comprar si no tiene la mayoría del Cabildo.

Entre otras inconsistencias, han destacado acciones intimidatorias en contra de los propios regidores al advertirles que sólo la presidenta municipal tiene facultades para evaluar el desempeño —aún y cuando carece de facultades para ello—, lo que induce un elemento de tensión en la de por sí ya desgastada relación en el interior del Ayuntamiento.

Las violaciones sistemáticas a la Ley Orgánica Municipal han abierto frentes entre Pérez Popoca y sus regidores.

Las citaciones a sesiones de Cabildo nunca son convocadas con el tiempo de antelación que la norma obliga. Disponer sobre los temas incluidos en la orden del día y sus documentos es imposible y las actas son firmadas en ese mismo momento, sin que antes hayan sometidas a análisis para su estudio y eventual aprobación.

Por tanto ese conjunto de documentos carecen de validez oficial, lo que jurídicamente hace endebles los acuerdos en las sesiones de trabajo. Los estados financieros y cuenta pública están, en consecuencia, en riesgo de ser observados por los órganos revisores.

Nada de esto es fácil ponerlo a la luz del escrutinio público, pues aún contra la ley en la materia, la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información se ha mantenido inactiva. La discrecionalidad es habitual en la vida interna del municipio de San Andrés Cholula.

El manejo contable y presupuestal es manejado con una discrecionalidad infranqueable. Ni la Comisión de Patrimonio y Hacienda Municipal ha podido acceder. Los secretos del uso del dinero público están bajo siete llaves en el escritorio de la edil del lugar.

Hay disposiciones para las que sólo la presidenta municipal tiene atribuciones. Por ejemplo, reconocer afectos en la nómina, que no ha pasado desapercibidos para el resto de los integrantes del Cabildo.

Mientras que el Secretario de Seguridad Pública y la Secretaria del Ayuntamiento tienen un ingreso de 75 mil pesos, el doble de lo que obtiene un regidor. En la política el cariño se refleja en la nómina se decía en los tiempos del priato, y esa parece seguir siendo moneda de uso corriente.

Información sobre las inconsistencias y anomalías en el gobierno del municipio metropolitano abunda y contraviene el principio del grupo que llegó al poder de la mano del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Algo deberá comenzar a hacer el equipo de Karina Pérez para sortear las acusaciones de que será objeto, o de lo contrario la amenaza de nubarrones se convertirá en una auténtica tormenta política de pronóstico reservado.