Pocos escenarios resultan tan incómodos en la actividad política y partidista como acusar lo que en casa se tiene que tolerar. Lo más impropio, olvidar un pasado que existe y que suele soslayarse pero que traído a la política suena contribuye a entender parte del presente.
Es el caso del delegado presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Américo Zúñiga Martínez, a quien el dirigente nacional Alito Moreno envió a Puebla para tomar las riendas de un partido que sigue sin encontrar rumbo.
Cachorro de Guillermo Héctor Zúñiga, un profesor de carrera que escaló en la política priista veracruzana hasta ser edil de la capital veracruzana de 1988 a 1991, fundó la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, una entelequia académica apoyada por dos gobernadores priistas que hoy tienen un lugar en el basurero de la historia: Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa.
Américo, hijo de Guillermo Zúñiga, acusó falta de respeto entre los legisladores que en Puebla decidieron votar en favor de una nueva Ley de Educación, la cual busca frenar el abuso y la utilización del proceso enseñanza-aprendizaje como fuente de riquezas.
El pasado que permite la construcción del contexto del presente. Veamos: en la llamada Universidad Popular Autónoma de Veracruz, bajo el rectorado de Zúñiga Martínez, todo tenía precio: desde guías de estudios hasta títulos, que por cierto fueron invalidados por chafas.
Algunos nombres de la Junta de Gobierno de la UPAV permiten valorar la poca calidad y transparencia de procesos administrativos, académicos y expedición de documentos.
En la presidencia estaba Javier Duarte, ex gobernador y sujeto a proceso por lavado de dinero y delincuencia organizada, por lo menos hasta 2017; Gerardo Buganza, un tránsfuga del panismo a quien también se le investigó por no comprobar casi 30 millones de pesos; Pablo Anaya, a quien se le acusó de adquirir pruebas falsas de VIH; Teodoro Couttolenc, presidente de la Alianza por el Fomento del Aprendizaje, y eje de la trama fraudulenta.
La creación de una nueva universidad pública no tenía otro fin que el de hacer un negocio entre la clase política con dinero público. Hasta el momento se desconoce qué sucedió con unos mil 500 millones de pesos, y tampoco lo que sucederá con cientos de títulos expedidos a jóvenes graduados de nivel bachillerato.
En Veracruz existen versiones de que la falta de acción del gobierno panista Miguel Ángel Yunes Linares ante la trama presuntamente fraudulenta se pudo deber a una negociación con quien en ese momento era edil de Xalapa, el ahora delegado priista en Puebla.
En todo caso fue el gobierno en turno, encabezado por Cuitláhuac García el que formalizó las denuncias en contra de los responsables ante las evidencias de un probable fraude monumental, para lo que ya no podrá ser llamado el rector, pues falleció en abril de 2015.
Y no obstante todo ese pasado que involucra a la clase política de Veracruz a la que pertenece el cachorro Zúñiga Martínez acusa que la nueva Ley de Educación atentar contra el espíritu de la Ley General de Educación. ¿Se habrá tropezado con su prosapia familiar y política?