Para que el caso del niño muerto en San Bernardino Chalchihuapan, José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo hace seis años sea sometido auténticamente al escrutinio de la ley han tenido que pasar cinco gobernadores.
Desde julio de 2014 en que se desató ese episodio de oprobio desfilaron por el poder en la entidad Rafael Moreno Valle, Antonio Gali Fayad, Martha Erika Alonso, Jesús Rodríguez Almeida y Guillermo Pacheco Pulido.
Es preciso colocar a cada uno de los responsables de tener en sus manos el manejo de las instituciones e influencia en el aparato de justicia para subrayar la inquina del sistema por una humilde madre de familia que tuvo el infortunio de estar en el momento equivocado para ver morir a manos de la policía estatal a un niño que ahora estaría en los 19 años.
También debieron desfilar por Gobernación Luis Maldonado Venegas, Jorge Cruz Bermúdez, Jesús Rodríguez Almeida, Diódoro Carrasco Altamirano y Fernando Manzanilla Prieto; y desde el violento estallido, en Seguridad Pública lo hicieron Facundo Rosas, otra vez Jesús Rodríguez, Jesús Morales Rodríguez y Manuel Alonso.
Si como anticipó la mañana de jueves el gobernador Miguel Barbosa, junto con el Consejero Jurídico, Ricardo Velázquez encontraron la vía para abrir un expediente que se empolvaba, también se deberá colocar atención en otros actores que parecían estar en un segundo plano, pero no ajenos a la trama de impunidad.
El vocero de ese régimen oprobioso, Marcelo García Almaguer, el abogado Juan Pablo Piña y el ex fiscal Víctor Carrancá a quienes nada parece quitarles el sueño, ubicados como estaban todos en la cúspide del poder.
Una muestra de la abusiva campaña desde el gobierno de Puebla para desmontar la teoría de la muerte por ataque directo fue responsabilizar a la víctima, cuando luego se pudo comprobar que había sido fortuita la presencia de Elia Tamayo y su hijo en un lugar cercano a donde se produjo el choque entre policías y pobladores que protestaban por el retiro de los servicios del Registro Civil.
Luego vino la teoría del cohetón detonado en la cabeza de un marrano que fabricaron en la entonces Procuraduría General de Justicia. Esa aterradora coartada mereció una desmesurada campaña en medios que eran afines al grupo de Moreno Valle, muchos de los cuales ahora despliegan líneas editoriales radicalmente opuestas al servilismo del pasado imborrable.
Una columnista en El Universal en la Ciudad de México contó al tutor de la Parabólica la forma en la cual le habían hecho llegar una entrevista editada y fuera de contexto con la madre del niño victimado por la policía de Puebla.
La idea era reproducir el mamotreto en un espacio de televisión nacional. Cuando preguntó sobre los autores de la grabación, ya no recibió respuesta. En cambio en el estado, esa misma entrevista amañada fue pautada en las televisoras locales con un amplio y ostentoso aparato de propaganda.
Como Poncio Pilatos en Judea, no sólo quiso lavarse las manos el gobierno de Moreno Valle. Su camarilla revictimizó a una humilde familia que perdió a uno de cuatro hijos mientras muchos de los que participaron de esa trama de horror viven sin pena ni desasosiego.
Habrá que ver si en el futuro todos esos protagonistas de la historia reciente vuelven a conciliar el sueño y la paz. Esperemos que no.