En la elección presidencial, de gobernador y los congresos hubo un concierto de voluntades para permitir la más violenta jornada del México de la alternancia hace dos años, de la que no existe ninguna duda.
Entre quienes mandataban en ese año en el estado y municipio se decidió dejar correr a bandas delictivas para cometer todo tipo de actos violentos contra funcionarios del Instituto Nacional Electoral y personas que salieron decididas ese domingo a ejercer su derecho de elegir quienes eran dignos de su confianza a través del sufragio.
Algunos de los protagonistas de ese violento episodio están sujetos a diversos procesos penales en Puebla, y otros más, que de acuerdo con el imaginario apoyaron con dinero y logística para efectuar el operativo criminal, ya no están.
Sin embargo este expediente de oprobio está lejos de ser olvidado, o sepultado. Ese pasaje de notoria violencia política fue revivido por el aspirante a consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, Jesús Arturo Baltazar Trujano.
Con cálculo medido o no terminó por colocar en el centro de la atención esa historia poblana que ensució la que pudo ser la ejemplar jornada que todos hubiéramos querido como modelo de avance democrático. Y no lo fue.
Integrante del Órgano Público Local Electoral, el poblano consiguió pasar las diversas etapas procesales para ser finalista en una de las quintetas que este miércoles votará el pleno de la Cámara de Diputados para renovar los asientos que en breve dejarán los consejeros Pamela San Martín, Benito Nacif, Enrique Andrade y Marco Baños.
Es junto a Javier Aparicio, un egresado de la Universidad de las Américas Puebla, otro poblano que podría recibir el visto bueno a partir del juicio que formuló durante la última parte de la entrevista este fin de semana en la Junta de Coordinación Política, presidida por Mario Delgado.
“El INE y los Oples son los guardianes de las elecciones y en el ámbito administrativo-electoral, yo ya viví en Puebla una elección con violencia, con inseguridad en la cual el gobierno debió haber ejercido su responsabilidad de mantener y resguardar la seguridad pública”.
Más tarde el aún consejero local en el Instituto Electoral el Estado reiteró la consigna por la actuación de las administraciones de Antonio Gali en el estado y de Luis Banck en el municipio.
“Nosotros no tenemos policías, no tenemos pistolas y no contamos con la fuerza pública y quise decir que el gobierno no garantizó la seguridad en la ciudad de Puebla; fue omisa o por lo menos, fue deficiente en la actuación”, machacó en el programa que todos los días transmite desde las plataformas de www.parabolica.mx
Y añadió una más de las anécdotas de las que se ha nutrido el juicio popular sobre lo sucedido en julio de hace dos años: contó el tiempo de traslado para llegar a una casilla electoral que había registrado un cruento ataque armado, rumbo a Valsequillo, que fue de 35 minutos.
Pasaron dos horas después de la llegada de los funcionarios de casilla, pero el auxilio de la fuerza pública no llegó jamás. Las prueba de la componenda entre el poder público de entonces y los imputados de hoy, están a la vista.
Si como dijo Mario Delgado, el coordinador de la bancada de Morena en la etapa final de las entrevistas a quienes aspiran a integrar el INE a partir de este miércoles con el voto mayoritario de la Cámara de Diputados, se busca que ya no haya ‘acuerdos en los oscurito’ para evitar fraudes electorales, la receta está en sus manos.