La larga noche y bajo las sombras en que vive el inquilino del penal de Tepexi de Rodríguez fue motivo de conversación entre dos gobernadores en la cumbre de mandatarios, este miércoles.
Es así que el nombre de Eukid Castañón Herrera, sometido a procesos por delitos de extorsión y lavado de dinero llegó a la mesa de la Conferencia Nacional de Gobernadores, celebrada en San Luis Potosí.
El de Quintana Roo, Carlos Joaquín, terminó por negarlo ante Miguel Barbosa, de Puebla. No sólo eso: lo rebajó, le restó nivel e influencia política, no obstante haber sido notorio en su momento el financiamiento que recibió en campaña de la mafia poblana, como llaman los quintanarroenses al grupo que se encabezó el propio Castañón.
Barbosa y Joaquín fueron colocados uno junto al otro debido al orden alfabético estatal. Así es que a Puebla le siguió la entidad del sureste, lo que dio motivo a esa charla que concluyó en un criterio coincidente: tarde o temprano caería por los excesos cometidos en el pasado.
La desventura no llegó sola para el indiciado porque en su expediente se acumula tropiezos recurrentes. Pasó de ser el temido operador del régimen del panista Rafael Moreno Valle a un auténtico fracaso en materia jurídica.
La defensa legal que lo representa acumula hasta ahora la pérdida de cuatro amparos promovidos en la justicia federal por diversas causas, lo que ya lo colocó en el blanco de la Ley de Amparo, según han comentado especialistas en derecho procesal.
Intentó obtener la protección de la justicia federal por la orden de traslado del penal de San Miguel en la capital al de Tepexi, y fracasó; luego probó para frenar el aseguramiento de la emblemática oficina de la 9 Poniente 2921 en la colonia La Paz, de la que tantas leyendas se han construido, y también se frustró.
Más tarde volvió a tropezar cuando recurrió a un tercer amparo por el presunto maltrato de que fue objeto, sin que hubiera sustancia. Argumentó tortura, incomunicación, “palos y azotes” que nadie pudo sustanciar ante la justicia federal.
Y finalmente el cuarto sobreseimiento sucedió luego de haber recibido una nueva orden de aprehensión en la primera semana de junio por el probable delito de lavado de dinero y la prisión preventiva como una medida cautelar.
Seis meses han pasado desde su aprehensión y encarcelamiento. No obstante ser ampliamente conocido en la dirigencia nacional de su partido -no se sabe si hay proceso de expulsión- y haber alcanzado rango de vicecoordinador de la bancada en San Lázaro, el Partido Acción Nacional ha mantenido silencio vergonzante.
El único aliado posible, el gobernador quintanarroense terminó por negarlo y por lavarse las manos, como Pilatos; y lo peor, la justicia federal negó toda probabilidad de protección alguna.
Bien dicen que en la cárcel y el hospital se conoce a los amigos y él terminó sin aliados de peso y políticamente sólo.