Puebla continúa infestado de huachicol. El robo de gasolina y recientemente de gas LP desde los ductos de PEMEX sigue incontrolable. Ni la paraestatal ni el Ejército Mexicano ni la Guardia Nacional han podido erradicar ni disminuir las ordeñas en el estado.
La tragedia de San Pablo Xochimehuacan, que pudo tener un saldo de mayores magnitudes, nos reflejó entre otras cosas, que esa como muchas tomas clandestinas se encuentran en la mancha urbana.
Como lo reveló Intolerancia Diario el día de la tragedia, la ordeña se realizó a unos metros de un cuartel policiaco, a menos de dos kilómetros de una unidad de inteligencia de la Sedena y en un terreno que debió estar libre porque es derecho de vía.
Resulta increíble que ningún uniformado caminara o transitara en su vehículo por la zona o que no se percatara de las operaciones irregulares que se cometían en la avenida Gasoducto.
Sin minimizar el problema de los asentamientos irregulares que es ancestral y muchos grupos han hecho sus negocios con el famoso paracaidismo, resulta preocupante que la administración de Claudia Rivera Vivanco no atendiera las denuncias de la ordeña a los ductos de PEMEX que atraviesan la junta auxiliar.
Por ello la pronta y transparente investigación que realice la Contraloría será vital, para conocer los hechos y deslindar las responsabilidades, en caso de que se compruebe que las anteriores autoridades municipales fueron omisas a las denuncias de la localidad.
No será la última
Aunque suene pesimista es importante subrayar que mientras no se logre erradicar el delito en Puebla, estas tragedias continuarán en el estado.
Ya sucedió en San Martín Texmelucan y las explosiones del pasado 31 de octubre en San Pablo Xochimehuacan son la voz de alerta que nos advierte que muchas comunidades de la entidad están, literalmente, sobre una bomba de tiempo.
La solución pareciera sencilla, pero es por demás compleja. Se deben tomar medidas drásticas y francamente la salida no se ve cercana.
Nos podemos seguir culpando los unos a los otros. Responsabilizar a las autoridades federales, a las estatales, a las municipales, pero lo cierto es que el lucrativo huachicol ha rebasado a todas, además existe una mortal complicidad ciudadana.
En más de una demarcación los habitantes forman, de una u otra manera, una comunidad huachicolera, muy similar a los territorios controlados por el narco. Familias enteras que protegen a los líderes delincuenciales como El Toñín. A cambio de su silencio y protección, los habitantes reciben beneficios económicos, electrodomésticos, vehículos o regalos.
La panadería
Unas horas después de la tragedia, una denuncia anónima permitió localizar un huachitúnel en un predio donde están edificados dos locales que funcionaban como miscelánea y panadería.
Hace 10 meses se denunció que en ese punto se ordeñaba ilegalmente un ducto y aunque en esa ocasión las autoridades llegaron a la toma clandestina y aseguraron una pipa de gas, no clausuraron la conexión ilegal ni colocaron sellos en el sitio que ayer nuevamente desprendía un olor a gas.
El punto está a unos metros, en la misma calle que la toma que ocasionó la tragedia del domingo.
En este escenario y como le dije líneas arriba, sólo podemos predecir que la situación empeorará.
Ojalá me equivoque.
