La masacre de Tecamachalco, porque no se le puede nombrar de otra manera a una artera ejecución de 3 hombres, debe ser esclarecida y sancionada con todo el peso de la ley.

Sin embargo, más allá de la aplicación de la ley y de que se haga justicia, lo qué hay detrás de este caso tiene implicaciones políticas, económicas y delictivas que dejan entrever la confabulación del poder en la zona huachicolera más grande del país.

No parece que sea obra de la casualidad que justo en esa zona hayan sido detenidos en 2015 por el ejército, Antonio Estrada López y Tomás Méndez Lozano, altos mandos de la Policía Estatal ligados al entonces secretario de seguridad pública morenovallista, Facundo Rosas.

Tampoco parece casualidad que el alcalde de Tecamachalco Ignacio Mier haya decidido imponer a Alejandro Santizo al frente de la seguridad de su municipio, siendo un personaje también cercano a Facundo Rosas.

Difícil resulta pensar en otra casualidad, cuando hace unos meses fue detenida la diputada local suplente de Tecamachalco Sandra Cadena, por tener un arsenal en su casa.

Y así podríamos encontrar una serie de coincidencias que apuntan a un claro interés de grupos de poder, para proteger a miembros del crimen organizado en la zona del llamado Triángulo Rojo.

Por obvias razones, este capítulo sangriento involucra de manera directa al diputado federal Ignacio Mier Velasco, quien no tuvo empacho para imponer la candidatura de su hijo en ese municipio, a la vez que hizo lo propio con su hija Daniela Mier para convertirla en diputada local por la vía plurinominal.

Para nadie es un secreto que Nacho Mier busca ser candidato a gobernador por Morena, avalado por la sumisión que brinda al Presidente López Obrador en su función de líder de la bancada oficialista en San Lázaro.

Sin embargo, el estallido de una bomba como la del viernes por la noche, es de los que suelen exterminar gubernaturas.

Habrá que seguir de cerca los avances de las investigaciones y las decisiones que la familia Mier tome ya sea para blindar el proyecto de gobernador del patriarca o para proteger la libertad del junior de la incipiente dinastía.

¿Cuál será la prioridad de los Mier?

Veremos y diremos.

Gravísimo error de Lorena en Tlaxcala

En Tlaxcala, otro escándalo en materia de seguridad ha puesto en jaque al naciente gobierno estatal.

Los constantes señalamientos que terminaron convertidos en vox populi, en los que se aseguraba que ni Lorena Cuéllar, ni nadie de su equipo revisaron los antecedentes penales de quien era su secretario de Seguridad Pública, pese a contar con un oscuro historial, fueron confirmados con la desaparición del funcionario.

Después de que se supo que agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) iban con orden de aprehensión en mano por el ahora ex secretario de Seguridad Ciudadana, Alfredo Álvarez Valenzuela y no lo localizaron, el gobierno de Cuéllar Cisneros informó que ellos tampoco sabían del paradero; y sin ningún apremio, se lavaron las manos.

En un comunicado dijeron que colaborarían con las autoridades federales y dieron una rueda de prensa para presentar a Maximino Hernández Pulido como nuevo encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Resulta casi increíble que la gobernadora ignorara o desechara los señalamientos por desaparición forzada y otros delitos en contra de uno de los integrantes más importantes de su gabinete.

Bajo esa lógica, ¿A quién le debía Lorena Cuéllar el enorme favor de colocar a una figura de dudosa reputación como Alfredo Álvarez Valenzuela al frente de la Seguridad Pública?

¿Aprenderá la gobernadora de este primer gran tropiezo?

Dudas que ahí quedan.