En esta última síntesis anual seremos cortos y mesurados con las conclusiones, ya que muchos de los eventos comentados siguen en desarrollo y cualquier vaticinio podría ser comprometido.

Desde la muy aventurada predicción de cuándo y cómo se detendrá la escalada de precios e inflación, o el futuro de centrales de abasto, mercados y rastros proyectados por el Gobierno Estatal.

Tan solo de rastros van 93 millones de pesos en Teziutlán, Tehuacán e Izúcar de Matamoros, y 56 en mercados de El Seco y Huejotzingo. Si en Puebla conurbada las economías dan para el uso del rastro, como lo vimos, el interior de la entidad augura un futuro discreto.

Otros temas son pirinolas de toma o pierde todo.

La reforma energética, cuyos posibles impactos hacia el campo mexicano y la naciente industria energética poblana platicamos, será la mayor apuesta técnica del sexenio. La carrera por el ‘24 –nacional y Puebla estado y capital– se definirán efectivamente este año, aunque las pantomimas deberán prolongarse por un año más hasta el periodo electoral.

Primera ficción rural del año por 610 mdp

–…por primera vez el campo de Puebla aportará 4.8 por ciento del PIB estatal– mencionaba la titular de dicha cartera, Altamirano Pérez, el jueves desde Tepeaca, en el marco de una entrega de apoyos.

En el mundo de la realidad ese número es 4.68 por ciento, y aunque estoy seguro de que usted habrá negociado más décimas para pasar una materia que los 0.12 de diferencia, en este caso el descuido representa seiscientos y cacho millones de pesos.

¿Habrá leído con impericia, colocando el ocho en el primer lugar? Difícilmente, añadir por primera vez muestra lo alevoso de la falsedad.

El PIB primario, el real, fue proporcional al de 2009 y no alcanzó el de 2004 o 2003; el agravante por partida doble.

Los datos, por cierto, corresponden al 2020 y son las cifras preliminares del sistema de cuentas nacionales, lo que usa el INEGI para calcular el Producto Interno Bruto. Eso significa la publicación de las cifras revisadas en el transcurso del año, oportunidad que podría servirle a la Secretaría de Desarrollo Rural para rectificar, o seguir la indicación del macho de montarse en la mentira, ¿o cómo se dice?

Retos de militarización para Biestro y Salomón

La titular estatal de Economía, Olivia Salomón, y el recién nombrado secretario del Trabajo, Gabriel Biestro, tendrán en 2022 un formidable reto, la carta porte del SAT.

Este documento digital ampara movimiento de bienes y mercancías en el territorio nacional y es, fundamentalmente, extensión de una factura. Reto suficiente es integrar economías formales y tributar al fisco, ahora evitar abusos parece un desafío mayor.

Y el problema radica en que la Guardia Nacional (GN) es una de las autoridades capacitadas para verificar la observancia de este nuevo ordenamiento.

En franca anticonstitucionalidad, AMLO plantea remover la cláusula de mando civil a la GN y trasladarla a SEDENA, lo que pondría de jure al comercio nacional en manos militares, recordando que ya tienen los puertos marítimos, las aduanas y parte de los aeropuertos.

La honradez seguramente impera en el promedio del cuerpo castrense, pero asignarles tanto presupuesto y atribuciones es tentar a la naturaleza humana.

Capacitaciones de este requerimiento fiscal, especialmente en centros de producción a 30 kilómetros de la capital, puede ser buen movimiento anticipatorio de cualquiera de los dos secretarios favoritos del gobernador. Si existe algún interés, ambos tendrán como fecha límite 31 de marzo del presente, plazo en que comienzan multas y sanciones, y la invariable corrupción que derivará de ellas.

Si usted no tiene idea de qué demonios es la carta porte, o las dobleteaba en papel, su plazo es más o menos el mismo para ponerse al día antes de que lo extorsionen, detenga ilegalmente un estatal o municipal, o lo alcance la mano de hierro de Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria.