Tirar a la basura el dinero del erario pareciera un mal nacional inevitable. Malas proyecciones, sobrecostos y demás errores de planeación abundan al gastar las rentas del contribuyente en obras y servicios públicos.

Estos dispendios suelen ser etéreos para la opinión pública, centavos en una danza de millones. Sin embargo el gasto en infraestructura tiene una dimensión corpórea que resuena con la ciudadanía por las afectaciones directas. Expropiación de predios, clausura de vialidades e importantes disturbios a los modos de vida tienen fuerte impacto en la sociedad, especialmente en la categoría de proyectos de comunicaciones y transportes.

En 2011 un aparatosísimo choque de trenes en China, el incidente Wenzhou, tiró al todopoderoso ministro ferroviario Liu Zhijun con cuarenta muertos y doscientos heridos en el primer y único accidente en la línea china de alta velocidad.

Liu fue encontrado culpable por corrupción al aprobar proyectos y proveedores alejados de la normativa, y condenado a muerte en 2013. La pena fue conmutada por cadena perpetua en 2015, pero la amenaza y la expropiación de mil millones de pesos en propiedades malhabidas reformaron el sistema chino de construcción ferroviaria.

En México una mala licitación canceló el México-Querétaro, el suburbano mexiquense lleva años de atraso y, con todas las proporciones, al Puebla-Cholula lo mató la pésima planeación del azulado faraón.

No obstante el Tren Maya, trifecta onírica con Dos Bocas y Santa Lucía, ha sido emblema de incompetencia administrativa federal.

Con el cambio de titulares hace semanas, nombres irrelevantes ante lo avasallador del presidente, vino un reajuste de trayectoria de importancia al evitar principales ciudades y el engorro de pasos elevados y problemáticas urbanas.

Pena de muerte por errores administrativos parece un enfermizo extremo, aunque nos encontramos en el otro polo, igualmente radical, donde ninguna acción tiene consecuencia.

El ajuste abandonó el tramo construido en el camellón de la carretera federal 307, entre Cancún y Tulum, donde se habían removido 23 mil árboles para hacer espacio para rieles.

Aquellos árboles, según el gobierno federal, fueron trasplantados a la zona hotelera y turística de Playa del Carmen, Cancún y Puerto Morelos, aunque para asumirlo como realidad uno debe estar bajo influencias etílicas.

Ignore usted que muchas de las variedades tropicales son inapropiadas o destructivas para medios urbanos, el mover una ceiba de más de 20 años, solo una, es tarea digna de Hércules. 

Seres vivos de treinta o más m2 de raíz, copas frondosas de, bajita la mano, otros diez metros de diámetro, y peso de par de toneladas. Con honestidad, ¿usted lo visualiza cuando el valemadrismo es la firma de la casa?

Claro, cuando existen acciones correctivas no son más que tapaderas para asumir responsabilidades, faltaría ver el caso SEGALMEX.

SEGALMEX, Seguridad Alimentaria de México o la CONASUPO cuatrotera, trae más de cuatro mil millones de pesos en observación, principalmente por enjuagues a través de las empresas encargadas de procesar la leche nacional, LICONSA.

Con el cese de cuatro funcionarios, sin mencionar nombres, y el exhorto a investigaciones pertinentes, el titular del campo federal, Villalobos, buscó lavarse las manos y pasar a la Función Pública todas las responsabilidades.

Es conocimiento popular que el principal cesado es Bernardo Fernández Sánchez, socio y director de Grupo Kosmos, proveedor de alimentos de centros de reinserción social.

Puebla, durante los gobiernos panistas, tuvo como proveedores de alimentos para las cárceles a La Cosmopolitana y Productos Serel. Hoy, con el gobierno morenista, el proveedor cambió a Abastos y Distribuciones Institucionales. Las tres empresas son prestanombres de Grupo Kosmos.

Un bebé desenterrado de un panteón, o el plan de unir océanos vía un corredor transístmico. La opacidad del gobierno aguantará eso y las cosas aún peores que vendrán.