Una neni, típicamente una mujer que vía redes sociales vende absolutamente cualquier artículo, podría parecer el epítome del emprendedurismo y autoempleo. Sin embargo, existe un tipo de empresario mexicano que pasa desapercibido de la narrativa nacional, el del campo. No es gratuito que la agricultura sea el sector por ocupaciones que tiene más trabajadores por cuenta propia.
La industria tiene características únicas, como ser quien más emplea a personas de edad, uno de cada dos tiene más de cuarenta y cinco años, o ser la segunda industria menos paritaria detrás, pero no por mucho, de la construcción y sus 96 hombres de cada 100 empleados.
Eso sí, comparte la gran característica de la economía mexicana, de ingresos bajos y no se escapa del pago de impuestos.
El país tiene bien agarrados a aproximadamente 80 millones de contribuyentes, el campo (agricultura, ganadería, pesca y caza) es abajito del cinco por ciento de ellos, unos tres millones y tres cuartos. Los hay en personas físicas o morales y machuchones o no tanto.
Los más vulnerables son un grupo de 1.7 millones de mexicanos y mexicanas que como personas físicas trabajan el campo en su mini emprendimiento.
A ellos el SAT les acaba de dar una brutal puñalada en contra de lo mandado por el Congreso de la Unión a finales del año pasado.
Pudo habérsele perdido entre la discusión que trajo la incorporación automática como contribuyente al cumplir 18 años, si es que la escuchó, pero la reforma 2022 a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) también desapareció importantes figuras para tributar y navegar por el infierno del contribuyente.
En este caso pasando del Régimen de las Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras (AGAPES) al RESICO (Régimen Simplificado de Confianza) o Régimen General de las Actividades Empresariales de las Personas Físicas.
Este nuevo terror fiscal fue amainado con un añadido en la resolución de la miscelánea 2022. Las personas con actividades principalmente primarias e ingresos anuales mayores a 900 mil pesos comienzan a pagar ISR mensualmente por los ingresos que superen esa cantidad.
Un mes después el SAT, por sus pistolas, desapareció la exención para comenzar a cobrar sobre ingresos y no excedentes.
Si a un ganadero le ingresa 1 millón de pesos al año, cifra muy razonable para una pequeña operación de engorda, por ejemplo, hubiera pagado 2 mil pesos, 2% de los 100 mil que rebasaba. Ahora pagará 25 mil.
Impuestazo a la actividad agropecuaria nacional a través del RESICO, de por sí una pésima opción para las actividades del campo.
En teoría uno no puede tributar así si es socio de una persona moral, situación que se complica por uniones de crédito o asociaciones ganaderas, además de verse obligado a usar certificados digitales para las facturas, situación que se complica por la realidad del internet y el uso de tecnologías en lo rural.
La desaparición, de un plumazo y sin mayores explicaciones, de la exención por parte del SAT tiene visos de ilegalidad por doquier, así que espere un buen puñado de juicios de amparo en los siguientes meses para evitar este atropello. Esta carambola tendrá efectos políticos en Puebla.
El diputado federal Ignacio Mier Velazco, como coordinador de la bancada morenista en el Congreso de la Unión, fue vital para la aprobación del Paquete Económico 2022 y la correspondiente miscelánea fiscal donde se incluían las reformas al ISR.
Alejandro Armenta Mier, como senador por Puebla, en su rol como presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado fue uno de los principales articuladores de este nuevo régimen tributario RESICO.
Ambos impulsaron la exención al campo, y ninguno recibirá el beneplácito del agroempresario poblano que vea crecer sus impuestos de esta manera. Faltará ver si alguno de los dos es primero en responderle a la terroríficamente eficiente Raquel Buenrostro del SAT.
