Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMEX, el organismo de gobierno creado en este sexenio que absorbió a LICONSA y DICONSA, o lo que era CONASUPO, mantenía una situación insostenible que poco a poco ha ido degradando la institución, sus funcionarios y, lo más importante, su función de asegurar el abasto y distribución de alimentos de consumo popular.
Con observaciones hechas en el 2019, 2020, 2021, y 2022 por parte de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, y el órgano de control interno de la Secretaría de Agricultura, dependencia a la que está adscrita, SEGALMEX ha estado plagada de podredumbre desde el momento de su creación.
Tan solo en la fiscalización a la cuenta pública 2020 por la Auditoría Superior este organismo reunió 1/8 de todos los señalamientos al rebasar los ocho mil millones de pesos, mientras, en la FGR existen más de dos docenas de carpetas abiertas indagando actos de corrupción. LICONSA, encargada de la comercialización y distribución de leche, es una muestra de descomposición institucional.
Un ejemplo es su desdén a la propiedad intelectual y las patentes, esto al solicitar en licitación abierta las canastillas de plástico usadas para transportar la leche y cuyo diseño pertenece hasta el 2025 a la empresa Saurot.
Otro, algo más grave, son los contratos a cinco años por más de 11 mil millones de pesos para procesar y deshidratar leche con las empresas Vicente Suárez 73 y COPROLAC, que simularon capacidades al subcontratar ilegalmente todos los procesos.
Al centro de esa corrupción se encontraba René Gavira Segreste como director de Administración y Finanzas de SEGALMEX, quien tuvo la ingeniosa idea de colocar 950 millones de pesos en instrumentos bursátiles con cargo al presupuesto del organismo.
Si los bonos subían su valor las ganancias obtenidas eran transferidas a las cuentas bancarias creadas ex profeso por su familia en Texas, si había pérdidas éstas eran absorbidas por la paraestatal. En el mismo Texas, en San Antonio, un hijo de Gavira Segreste recibió los derechos de un condominio por casi 7 millones de pesos por parte de la hermana del director general de COPROLAC.
Todo esto, como decíamos, fue insostenible y derivó en la vinculación a proceso de Gavira la semana pasada con base en una carpeta de investigación de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada. Con medidas cautelares, aunque sin prisión preventiva, el proceso contará con seis meses para definirse.
Esta causa, así como las destituciones a inicio de año de los titulares de operaciones, la dirección comercial de LICONSA y la unidad de asuntos jurídicos, parecían no hacer mella en el titular de SEGALMEX, Ignacio Ovalle, quien introdujo a AMLO en el servicio público del Distrito Federal en los 80s; hasta antier que lo “corrieron”.
Por supuesto que amor con amor se paga, por lo que el presidente reasignó a Ovalle al Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, INAFED, cargo de tercer nivel en el organigrama federal. En su lugar llega Leonel Cota Montaño, ex gobernador de Baja California, presidente del PRD, y aliado de Andrés Manuel desde el proceso del desafuero.
Cota, quien anteriormente se desempeñaba como titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por supuesto no tiene la mínima experiencia para el encargo y los retos que se avecinan.
Uno de los primeros obstáculos será el incremento en el precio de garantía que paga LICONSA por la compra de leche a pequeños productores. Este precio, por litro de leche fresca, se tasó en $8.20 hasta noviembre pasado, cuando subió un peso, para llegar a $10 tras el ajuste de inicios de este mes. El reto viene porque la operación debe realizarse con el mismo presupuesto asignado, aunque la maniobra de reducir los volúmenes de compras en vez de la corrupción, que recordemos fue de 8 mil millones, se advierte a leguas. Al tiempo.
