México tenía, al menos en papel, estrategia y ruta marcada desde hace ocho años para proveer internet a todos sus habitantes. Y aunque durante ese periodo vimos pasar tres administraciones federales parecía que las metas estaban alineadas para suministrar telecomunicaciones modernas a todo el país, especialmente en las localidades más remotas. 

Las propuestas políticas variaban considerablemente. Desde la reforma de Peña Nieto, anunciada en el marco del Pacto por México, hasta el programa prioritario de AMLO “Internet para Todos”, pasando por el cuestionado proyecto de Calderón de la Red Compartida Mayorista. 

El gobierno en turno, a través de la Estrategia Digital Nacional, juraba que para 2021 iba conectar a todo México y alcanzar el cien por ciento de cobertura. La meta, que fue empujada para 2022 por el entonces secretario de educación pública Esteban Moctezuma, y meses después al 2023 por el propio presidente, es fantasiosa en extremo.  

México, que ha avanzado anualmente entre 2-5 puntos porcentuales de cobertura –con un 70% actual–, se hubiese metido a codazos en dos años con Corea del Sur, país del mundo con la mayor red de internet que araña el 96%. Las naciones que le siguen, como Japón o el Reino Unido, apenitas rebasan el noventa por ciento. 

Es importante saber que el gobierno tenía, de nuevo, al menos en papel, una Estrategia Digital Nacional, en mayúsculas porque formaba parte del Plan Nacional de Desarrollo 19-24, con cuatro pilares de despliegue. 

Dos serían pilares comerciales. Los tres grandes proveedores privados y comerciales –Telcel, AT&T y Telefónica– que cubren el setenta por ciento actual, y las pequeñas pymes o cableras locales, que entregaban el servicio a pequeños centros urbanos y rurales. Después, venían los dos despliegues gubernamentales. Uno “CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos”, que daría internet gratuito a todas aquellas zonas donde no llegaría ningún proveedor. Y el otro Altán Redes, empresa pública-privada que operaría la Red Compartida. 

La propuesta del último parecía sencilla. El gobierno federal aportaba la totalidad de la banda de 700 MHz, y los privados la inversión para desplegar la red y su operación. Nada salió y la red debía a sus acreedores, hasta hace algunos días, más de ¡30 mil millones de pesos!  

En Oaxaca, el viernes pasado, el presidente anunció que el gobierno federal se convertiría en socio mayoritario de Altán Redes para rescatarla del concurso mercantil en el que entró, inyectándole 150 millones de dólares. Este rescate contrasta enormemente con todo lo que hemos visto en asistencia a la iniciativa privada, donde el gobierno federal ha dicho que no rescatará a ninguna empresa. Lo mismo han dejado morir a Interjet que Grupo Radio Centro, ambas asfixiadas para sanear sus pasivos. 

Muchos achacan el fracaso del proyecto a la muerte, hace justo un año, de Raymundo Artís Espriú, coordinador de la Estrategia Digital Nacional y director general de Internet para Todos, pero lo cierto es que el proyecto estuvo lleno de corruptelas desde el inicio. Como Calderón, que apalabró el proyecto con la china Huawei con un proyecto manipulado, o Peña Nieto, que maquilló los ingresos proyectados y la posible cuota de mercado. 

El proyecto no ha sido un total fracaso, actualmente tiene unos 6 millones de usuarios y ha alcanzado algunos de sus objetivos, como cubrir la totalidad de los Pueblos Mágicos, pero las metas de cobertura total ahora se han pateado hasta el 2028 por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

Durante ese rato llegó Elon Musk (Starlink), la red Hughes Net (proveedores de DirectTV), Televera Red o StarGroup, todas satelitales, así como nos alcanzó y rebasó la red 5G. Mientras, en Puebla, las 2638 localidades, 3999 escuelas y 257 hospitales que iba a cubrir la red Altán sólo miran como se incrementa una brecha más de desigualdad.