Héroes nacionales acuerpan en paliacates, bigotes, pelos entrecanos y sombreros las máximas virtudes nacionales. Sin las acciones de estos salvadores –todas bienintencionadas y auspiciadas por los más altos ideales humanos– el pueblo se encontraría en una zozobra aún mayor.   

El viernes pasado el gobierno federal declaró como asunto de seguridad nacional la situación hídrica en Nuevo León. La única razón para hacer esto fue evitar hacer una declaratoria formal de desastre por sequía. Haberlo hecho hubiera requerido por ley asignar recursos extraordinarios para atender industrias e individuos. Eso sí, esto permite apropiarse de concesiones privadas de agua sin atravesar fangos legales, y dejar a la refinería de Cadereyta operar con un gasto hídrico equivalente a medio millón de habitantes. 

A tres meses del Paquete contra la Inflación y la Carestía, 22 de los 24 productos a atender se elevaron, todos rebasando la inflación general. La producción de maíz amarillo se cayó un séptimo y el trigo un cuarto. Más vale ser mal recuerdo que pasar al olvido; al menos ya está lloviendo, algo. 

TMEC y el agro poblano

Mucho se ha hablado sobre lo nocivo que podrían ser las disputas por controversias energéticas –en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos, y Canadá (TMEC)– para el comercio nacional con naciones involucradas.  

De manera muy gruesa Canadá y Estados Unidos, representando los intereses de sus empresas, se han inconformado por las políticas energéticas de México, argumentando que serían contratarías al espíritu del tratado al beneficiar a las paraestatales CFE y PEMEX.  

Argumentaciones y demás, lo cierto es que si México pierde se verá impactado por medidas arancelarias que compensen las pérdidas, estimadas entre 10 mil a 30 mil millones de dólares. Estas cantidades solo tienen dos espacios reales a ser aplicadas: lo agropecuario y lo automotriz. Y estas tarifas tienen prioridades políticas.  

En primer lugar, estarán los cupos de importación de azúcar mexicana. Recordemos que los endulzantes han vivido un ping-pong de demandas binacionales. Primero nosotros demandando por la exportación excesiva de fructosa de maíz altamente subsidiado, después, siendo demandados por la exportación de azúcares terminados, que ponían en jaque sus industrias refinadoras. Los dos estados azucareros son Minnesota y Florida. El primero con betabeles, el segundo con caña de azúcar; respectivamente 60 y 40 por ciento de las fuentes de azúcar gringas.  

Las elecciones de medio término estadounidenses hacen atractivo a la administración del presidente demócrata, Joe Biden, intentar incidir en estados de oposición–como Florida–, lo cual queda como anillo al dedo para los otros productos que seguro verán la ira tarifaria: jitomates y cítricos. 

Ambos productos han seguido la misma tónica de conflicto por las últimas tres décadas, siendo el estado de la Florida quien más se ha quejado por los precios desleales que manejan los productores mexicanos de exportación, según ellos. Quedan, además, otros productos que podrán verse aplastados por los aranceles, como las frutillas (berries) y, como bombas nucleares, las bebidas alcohólicas y el aguacate. 

Más allá de las relaciones internacionales, es el productor mexicano quien queda entre el fuego cruzado de las negociaciones. Productores poblanos, aproximadamente unos 70 mil, dependen directamente de los precios de exportación de varios de los productos mencionados. 

Las zafras de Calipam y Atencingo se mueven al ritmo de los cupos acordados entre ambos países. La citricultura del norte del estado trabaja bajo la referencia del “Estado Soleado”. Y gran parte de la economía de la zona de Aquixtla o la Colorada –desde Acatzingo hasta Tepeyahualco– se echa a andar con el objetivo de poner jitomates del otro lado de la frontera. Cantar un tiro es sencillo desde Palacio Nacional, mire nomás a Chicoché, pero la economía nacional es más compleja que ponerse a jugar pipis y gañas con los vecinos del norte.