Los diputados federales de Morena, comandados por Nacho Mier, tuvieron que “arrepentirse” de aprobar ciegamente las leyes que les envió su líder moral.
Entre las muchas fallas que se les recalcaron en diciembre pasado, cuando los lopezobradoristas se empeñaron en aprobar el Plan B sin mover ni una coma, se les mencionó que el último párrafo del Artículo 26, de la Ley General de Comunicación Social violaba la autonomía de municipios y estados.
Pero como siempre, la necedad, la terquedad o la necesidad de quedar bien con Ya Saben Quien, orilló a los morenistas y sus aliados a mayoritear y aprobar semejante atrocidad.
Las reformas se publicaron en el Diario Oficial de la Federación apenas el pasado 2 de marzo y un día después entraron en vigor.
En resumen, se obligaba a municipios, estados y la Federación a limitar su gasto en Comunicación Social a menos del 0.1 por ciento de su presupuesto anual.
Eso además de ser una intromisión a las entidades federativas y a los ayuntamientos, terminaba por hacer inoperantes a todas las áreas encargadas de transmitir los mensajes de los gobiernos a los ciudadanos.
La votación de ayer en San Lázaro para derogar ese “detallito”, 470 votos a favor, cero en contra y una abstención, es la confirmación y el reconocimiento tácito de los morenistas, de que hicieron mal las cosas, que aprobaron leyes sin escuchar ni leer lo que votaban y que les importó más seguir la línea que se dictó desde Palacio Nacional que representar los intereses de quienes les dieron su voto y su confianza.
Morena y el propio Andrés Manuel sabían que era cuestión de días para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera los 65 expedientes -entre controversias y acciones de inconstitucionalidad- a favor de los municipios y estados, es decir, dar palo a la intentona de AMLO por controlar las finanzas de los municipios y estados.
Entre esta ruta legal y que al final los morenistas se dieron cuenta que, en un año preelectoral, ellos mismos se dieron con una piedra en los dientes, la derogación de ese párrafo no puede considerarse como el triunfo que algunos pretenden colgarse al cuello.
Es de las pocas ocasiones que la misma legislatura aprueba una ley y en menos de tres meses tiene que derogarla por ser inconstitucional.
El “ajuste” en la Ley General de Comunicación Social es también la primera piedra que los propios morenistas retiran del llamado Plan B.
¿Cuántas leyes más tendrán que “ajustar”?, ¿Dinamitarán ellos mismos el famoso Plan B?
Veremos y diremos.