Uno solo debe de meterse entre las patas del caballo cuando sepa que hacer ahí abajo. Los estudios, diagnósticos y análisis son fundamentales para entender nuestro entorno. Dos estudios vinieron a sacudirnos en estos días, develando aspectos positivos y negativos de nuestra sociedad.

El primer artículo –fondeado por el gobierno austriaco– se publicó en la reputada revista Science, con un título indicando que la única manera de reducir la violencia en México es disminuyendo el reclutamiento de los cárteles.

Más allá del sesudo diagnóstico que lideró el recientemente fallecido analista Alejandro Hope, un alegato hizo brillar a este estudio: el crimen organizado es el quinto mayor empleador privado del país. 

El dato es de escándalo. Por encima del crimen organizado sólo está Femsa, Walmart, Manpower y América Móvil. En quinto lugar, se afianzan los cárteles con 160-185 mil empleados, que es un número muy complicado de entender, pues supera a lo que emplean Oxxo, Bimbo o Coppel.

En Puebla sería el equivalente de todas personas dedicadas al café, más los cítricos, más los ganaderos, y todavía te faltarían como 40 mil más, que podrían ser todos los cañeros, aguacateros y floricultores del estado y apenas sales tablas.

El otro estudio fueron los resultados de pobreza para Puebla 2022, presentados por el CONEVAL en un evento presidido por el gobernador Sergio Salomón, la secretaria estatal de Bienestar, Liz Sánchez, y la cabeza del Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Sociales, José Nabor Cruz.

Los resultados fueron satisfactorios en lo general, pues en Puebla se abatió un 8% la pobreza multidimensional; lo que permite a Liz Sánchez, coordinadora de los programas estatales de bienestar y quien le entregó el chaleco de mando del PT a Sheinbaum, salir de su dependencia con buenos resultados para buscar algo más.

Pero la danza de los números es engañosa, y las carencias por alimentación nutritiva en nuestra entidad nos lo muestran.

En el 2018 había 24.5% con carencia alimentaria. En 2020, 30.8%. Para el 2022 el porcentaje se reduce fantásticamente a 22, pero en números reales siguen siendo 1 millón y medio de poblanos que diariamente pasan dolorosas penurias para satisfacer la necesidad humana más básica. Los avances los dirá usted.

Y es justo la alimentación quien –en teoría legislativa– deberá recibir más atención el siguiente año, ya que el Senado por fin aprobó la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible. Por fin porque llevaba 12 años dando vueltas por las cámaras.

La necesidad legislativa es apremiante. Los números de Puebla son modestamente optimistas, en el país 40% de la población no tiene la posibilidad de comer bien. Eso son más de 16 millones de hogares donde el hambre acompaña el sueño.

Claro, la ley indica cosas como que “los órdenes de gobiernos desarrollarán políticas integrales para garantizar una alimentación adecuada”. Lo que no significa más que buenos deseos, como el discurso morenista de la seguridad alimentaria, que en la realidad ha entregado las importaciones más grandes de la historia nacional en granos y oleaginosas. El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones.