El zumbido de los drones en los cielos mexicanos debería ser una sinfonía regulada por la secretaría de Comunicaciones y Transporte, en una meticulosa partitura creada para establecer los límites aéreos de estas aeronaves de control remoto.

Las normativas hasta hace poco actuales pasaban por la restricción de su uso en ciertos lugares de riesgo o relevancia, como aeropuertos o Palacio Nacional. Prohibición de transportar sustancias ilícitas, armas o explosivos. Y el registro de todos los drones -sea su propósito legal o ilegal- ante el gobierno federal.

Con la comparación del inicio en mente podrá imaginarse que lo que suena en los cielos nacionales se parece más a un clavo sobre un pizarrón.

Lamentablemente, la regulación de los drones termina siendo un espejo más de nuestro país. Si no, vea usted lo que resultó de las reformas aprobadas por los diputados apenas finales de noviembre.

Como no podría ser distinto en la arcaica práctica legislativa mexicana, los ajustes a las leyes de armas de fuego y explosivos, protección del espacio aéreo, y aviación civil tienen un objetivo punitivo. Te voy a castigar antes que regular, fortalecer el estado de derecho, o invertir en capacidades gubernamentales. Irónicamente, este enfoque permite desmenuzar a la perfección los intereses de esta administración: la casta política (del partido que sea) y los militares.

Hay que recordar que la reforma que aprobaron los diputados caminó desde el Senado tras una propuesta del presidente por ahí de agosto de este año. Y queda clarito que la propuesta se la redactaron las fuerzas armadas.

La reforma más estridente es sin duda la pena máxima de 60 años para quien ataque a fuerzas armadas o de seguridad pública con drones. Una pena tan solo ligeramente por debajo de lo máximo que se presenta en nuestro código para crímenes como los feminicidios.

Las penas gotean hacia abajo en ese sentido. 40 años para quien transporte explosivos o armas sobre drones. 10 años para quien adapte drones para ser usados bélicamente. Y otros 10 para quien importe los drones para cualquiera de los anteriores usos. Van sobre toda la cadena.

En los últimos tres años SEDENA ha reportado más de seiscientos ataques con drones. 5 ataques en 2020. 107 en 2021. 233 en 2022. Hacer la cuenta de los que van este año es ocioso.

Por treinta mil devaluados se compra un dron de calidad por Amazon. Le pega un bloque del explosivo C4. Lo vuela a radiocontrol a algunos kilómetros de distancia y lo detona remotamente, todo auxiliado con una camarita de alta definición que lo hace ver más como un videojuego que un método para asesinar. Necesita menos de medio kilo de C4 para hacer explotar un camión. Hay hamburguesas que pesan más.

Las fuerzas armadas están aterradas, los cárteles están comenzando a replicar las técnicas militares de drones vistas por el ejército ruso. En el ataque del Cártel Jalisco Nueva Generación en Teocaltiche de hace un par de semanas todo quedó claro.

En la frontera entre Zacatecas y Jalisco, el CJNG estuvo monitoreando al ejército con vuelos de drones, mismos que reportaron cuando un puesto de control del noveno batallón estaba menos protegido. Allí, tres soldados fueron masacrados, y el camión-tanque usado para el ataque quedó incendiado a la mitad del camino para evitar el paso.

El camión-tanque contaba con jaulas de acero en la cabina, como se ven en Ucrania, para proteger a los conductores de ataques contra drones. Y es que en esta zona el CJNG está en pelea con los de Sinaloa a punta de drones, por eso el primero anunció la consolidación de su unidad “Operadores droneros”. De estar sin palabras. Hasta que lea lo siguiente y ya no sepa ni qué pensar.

Ya que la ley pasó por diputados y senadores, estos aprovecharon para legislar contra uno de los usos más pérfidos que se les puede dar a los drones: ser usados para espiar las actividades de servidores públicos.

Así. Si usted tiene el poco valor civil de sobrevolar a los funcionarios públicos, método que mostró las mansiones de Lozoya, Romero Deschamps o Alito en Ixtapa, Acapulco y Campeche, le caerá una voladora de hasta 10 años del águila y una multa que o la bebes o la derramas. Acá nos tocó vivir, con razón algunas de las crónicas de Cristina Pacheco sonaban a las más locas fantasías. País surreal.