Las solicitudes de información a los institutos de transparencia han sido pieza primordial para conocer datos oficiales que afectan o impactan directamente la vida de los mexicanos.
Gracias a diversas solicitudes se pudo saber cuál fue el exceso de mortalidad durante los picos del Covid, cuánto han costado obras desde municipales hasta federales, cuál fue la ausencia real de vacunas para menores de edad y de medicamentos contra el cáncer en este sexenio. A nivel local pudimos documentar cuánto nos costó a los poblanos que Rafael Moreno Valle viajara en helicóptero, los sobrecostos de sus obras y hasta el grado de estudios, algunos falsos, de funcionarios y representantes locales.
Casos como La Estafa Maestra, La Casa Blanca o Segalmex, conocidos escándalos de corrupción, también contaron con investigaciones basadas en solicitudes de transparencia.
Los organismos garantes de este derecho también han sido útiles para contar con información que permita revertir procesos o licitaciones amañadas, incluso para agilizar la colocación de alumbrado público o poda de parques.
Este puñado de ejemplos nos recuerda que, sin un instituto como el INAI o sus representantes estatales, México se mantendría en una peligrosa opacidad.
La iniciativa de AMLO, que ya está en la Cámara de Diputados, para desaparecer a siete organismos “enemigos” del régimen, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), es a todas luces una venganza personal, que pagaremos muy caro los mexicanos.
Para no ir muy lejos, imaginemos que la reforma transita tal cual está plasmada. Se extinguiría al INAI y se le permitiría a cada dependencia gubernamental ser juez y parte.
Quiere usted saber cuánto gasta el IMSS en la reparación de elevadores, deberá preguntarlo directamente en el Instituto. ¿Y si la respuesta no le informa lo que usted pidió o simplemente no le contestan? Entonces, tendrá que poner una queja… en el propio IMSS.
¿De verdad alguien puede creer que las dependencias oficiales contarán con órganos internos de transparencia que tengan el poder de presionar y sancionar a quienes se nieguen a transparentar la información?
El derecho humano a la información, consagrado en nuestra Constitución, está intrínsecamente ligado a la rendición de cuentas de las autoridades y con ello, al fortalecimiento de la democracia.
Desaparecer al INAI, al igual que la Reforma al Poder Judicial, son más un capricho del inquilino de Palacio Nacional, que un verdadero interés en mejorar.
Es también una enorme contradicción que mientras se pregona en cada Mañanera que son diferentes y que en el gobierno de AMLO no hay corrupción, la apuesta sea, justamente, aniquilar al instituto que permite conocer en qué y cómo se invierten los recursos del pueblo bueno.
De la protección de datos personales y otras garantías que mantiene el INAI ya ni hablamos.
Es en este marco que los comisionados federales y estatales sostendrán la próxima semana una reunión para comenzar a definir la ruta de defensa del INAI. El apoyo de sus pares internacionales sería de mucha ayuda.