El más reciente reportaje de investigación de GRADA no sólo reveló posibles actos de corrupción por casi 16 millones de pesos en el Inpode, bajo la gestión de Yadira Lira; si no también la lentitud con la que se trabaja en la Auditoría Superior del Estado.

Resulta que la ASE presenta un retraso importante en la revisión de cuentas públicas. Para el caso concreto del Instituto Poblano del Deporte, la Auditoría no ha podido o no ha querido entregar el dictamen correspondiente a la fiscalización del año 2022.

El retraso en dicha cuenta pública no es el único, para el mismo sujeto obligado, es decir el Inpode, la ASE tampoco ha entregado el informe correspondiente a la revisión del año 2023. Aunque es justo decir que aún tiene algunos meses para entregar este reporte, hasta el 30 de abril de 2025.

Un segundo tema que enfrentará la fiscalización de estas cuentas públicas, en donde se presume que hubo un mal gasto, por decir lo menos, será que tras el reporte de la ASE, el Congreso del Estado, a través de la Unidad de Control tendrá que realizar otros procedimientos e incluso darle la oportunidad de solventar algunos detalles. Y digo que será un segundo retraso porque dicha entidad no cuenta con el personal suficiente para desahogar con agilidad las observaciones de la Auditoría.

A pesar de la coordinación que en teoría debía existir con el SAT y otras instancias como la Auditoría Superior de la Federación los procesos para la fiscalización en Puebla son lentos.

Ahora difícilmente se puede acceder al resultado de las auditorías, que debieran transparentarse porque se trata del manejo de recursos públicos. El contraste con la transparencia de la información, como ocurría con el auditor David Villanueva, que informaba públicamente de la situación de los sujetos obligados y el monto de las observaciones, actualmente los reportes llegan en sobres cerrados al Congreso.

La Comisión de Vigilancia es la única que puede informar al Pleno de las cuentas públicas que ya fueron aprobadas y da un panorama general de los sujetos obligados que tienen observaciones. Los montos de éstas son casi un secreto, a menos de que sea un legislador quien solicite que se detalle y desglose la cuenta pública.

Con este cerrado procedimiento, además de esperar año y medio para conocer si hubo o no un daño patrimonial y de qué tamaño fue el quebranto, difícilmente se podrá exigir una verdadera rendición de cuentas. A eso súmele que el personal que trabaja en la ASE no se da abasto.

Estas son omisiones de un sistema que permite que gente como los altos funcionarios del Inpode pudieran realizar una presunta malversación de fondos públicos con total impunidad. Total, para 2025 o 2026 que se quiera llamar a cuentas, los responsables ya estarán muy lejos de tierras poblanas.

Así nuestro decadente sistema de fiscalización y nuestra cada vez más magullada transparencia.