Con el objetivo de que inicie un procedimiento especial sancionador contra el alcalde de Totolac, Giovanni Pérez Briones, y los integrantes del Cabildo de ese ayuntamiento por violencia política en razón de género y al encontrar los elementos suficientes sobre los hechos, el pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) determinó dar vista sobre el caso al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).

Los magistrados electorales observaron diversas irregularidades en algunas acciones efectuadas por los integrantes del Cabildo de Totolac, de manera particular que hayan aprobado una licencia por tiempo indefinido a la síndico, María Elena Conde Pérez, cuando ella no la había solicitado, debido a que contrajo la enfermedad del Coronavirus.

Así, debido a que la licencia por tiempo indefinido fue aprobada en una sesión de Cabildo celebrada el pasado 21 de agosto, el pleno del TET la revocó porque ésta dio origen a diversos actos que provocaron la afectación del cargo de la actora, principalmente en lo que se refiere a su no reintegración a la Sindicatura cuando ella lo solicitó, haber llamado a la suplente de manera ilegal y no pagarle al menos tres quincenas de salario.

Esta determinación fue aprobada con el voto de los magistrados José Lumbreras Contreras y Luis Manuel Muñoz Cuahutle, quienes emitieron un voto concurrente sobre el proyecto presentado por el magistrado Miguel Nava Xochitiotzi, debido a que estaban de acuerdo con una parte de la propuesta de resolución, pero consideraron que faltaban otros elementos de análisis.

El proyecto de referencia si bien confirmaba actos constitutivos de violencia en razón de género, sólo los atribuía al alcalde, además de que no proponía la revocación de la sesión de Cabildo donde fue aprobada una licencia por tiempo indefinido a la síndico, y tampoco sugería dar vista del caso al ITE.

Asimismo, los magistrados electorales ordenaron al ayuntamiento de Totolac pagar una gratificación económica correspondiente al ejercicio fiscal 2019, no sólo a la síndico María Elena Conde Pérez, sino también a la quinta regidora, Esther Molina Padilla, debido a que a diversos funcionarios sí se les había otorgado ese pago, lo cual implicó una medida discriminatoria en contra de las actoras.