La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) dio a conocer que emitió recomendaciones a los integrantes del Cabildo de San Juan Totolac, por violaciones al derecho a la legalidad y seguridad jurídica. Además, una al presidente municipal, Giovanni Pérez Briones, por violaciones al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, al derecho a la libertad personal y al derecho a la integridad y seguridad personal.
De acuerdo con la información, la primera recomendación, con número de oficio 02/2020, se dirigió por faltas al principio de legalidad en el desempeño de la función pública. De acuerdo con los hechos, el quejoso y exempleado jubilado del ayuntamiento de Totolac, acusó que por instrucciones del edil y, sin mediar procedimiento alguno, se ordenó la suspensión del pago de su pensión por jubilación, siendo el único sustento con el que cuenta para su manutención.
Con base a las investigaciones que realizó la primera visitaduría se recomendó acatar los siguientes puntos: se Instruya al Órgano Interno de Control del ayuntamiento, a fin de que proceda a la investigación, sustanciación y calificación de las faltas administrativas en que incurrió el servidor público; la disculpa pública dirigida al quejoso; dar inicio a los procedimientos administrativos internos respectivos para reintegrar los pagos faltantes por la jubilación del quejoso; además, se instrumenten y ejecuten cursos de capacitación, pláticas o talleres al servidor público, personal administrativo y demás personal.
Asimismo, en lo concerniente a una segunda recomendación quedó asentado con el número 3/2020 que en tanto autoridades responsables el director y oficial de la Dirección de Seguridad y Vialidad Pública del Municipio de San Juan Totolac, quien, de acuerdo con las investigaciones, el quejoso fue detenido por un elemento quien lo golpeó, quitó la cartera con 10 mil pesos, arrojó las llaves de su camioneta y se retiró.
Posteriormente acudió a la Dirección de Seguridad Pública, se entrevistó con el director, quien fue omiso y no regresaron su dinero en efectivo. Se determinaron violaciones a los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, entre otros.
Por lo cual las recomendaciones fueron que se instruya al Órgano Interno de Control del ayuntamiento, a fin que proceda a la investigación, sustanciación y calificación de las faltas administrativas, en que incurrieron los servidores públicos, así como al Consejo de Honor y Justicia Policial; la disculpa pública dirigida al quejoso; dar inicio a los procedimientos administrativos internos respectivos para restituir al quejoso de manera económica por el dinero faltante; se instrumenten y ejecuten cursos de capacitación, pláticas o talleres a los servidores públicos vinculados a la recomendación y demás personal del ayuntamiento.
