Por ser excluido de participar en la primera reunión del Grupo Interinstitucional de Trabajo, celebrada en cumplimiento a la recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitida a los gobiernos de Puebla y Tlaxcala por la contaminación de la cuenca del Atoyac, el Centro Fray “Julián Garcés” de Derechos Humanos externó su “extrañeza e indignación”.
La exclusión indignó a los activistas ambientales, cuyos representantes en un comunicado de prensa reprocharon que no se tomaron en cuenta las comunidades más afectadas, por lo cual exigieron la participación ciudadana.
Los activistas lamentaron que las autoridades continúen en la negativa de incluir a la población afectada, aun cuando “las y los habitantes de las comunidades e integrantes de las organizaciones que presentamos, gestionamos y sustentamos técnicamente la queja ante la CNDH, por la que se obtuvo la emisión de la recomendación 10/2017, misma que los gobiernos estatales y municipales, así como las dependencias federales recomendadas aceptaron y se comprometieron a cumplir”.
Por ello, los activistas exigieron se lleve a cabo la celebración de un convenio o acuerdo de la Coordinación Interinstitucional y Cooperación Técnica entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Comisión Nacional del Agua (Conagua), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Además, incluya los gobiernos de Tlaxcala y Puebla y cinco municipios, dos de ellos poblanos y tres tlaxcaltecas para solucionar los problemas de contaminación, pues recalcaron no es ni un acto de buena voluntad, sino el instrumento para cumplir con las obligaciones adquiridas al haber aceptado la recomendación.
El problema de contaminación ha sido reportado hace más de 15 años, buscando la limpieza integral de la cuenca del Alto Atoyac.
Finalmente, pidieron que se garantice que el alcance del convenio y las acciones que se planteen para su cumplimiento, contemplen su área total y no sólo a municipios recomendados en ambos estados, pues las afectaciones de salud y ambientales se extienden, con diversas magnitudes.