La Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET), brindó la mañana de este domingo 27 de marzo el debido acompañamiento al reportero Carlos Alvarado Díaz, tras ser objeto de agresiones verbales, intimidación y amenazas presuntamente cometidas por el alcalde de Tepeyanco, Gaudencio Morales Morales.
El comunicador se presentó ante el Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar lo ocurrido al mediodía de este sábado, en el despacho de Presidencia del Palacio Municipal de Tepeyanco.
De acuerdo con su declaración, el alcalde Gaudencio Morales presuntamente citó al reportero Carlos Alvarado, a través de un compañero del gremio, para dialogar acerca de una nota periodística en la que el gobierno municipal informa que de momento no será pagada la primera quincena de marzo a sus funcionarios por falta de recursos económicos.
No obstante, durante la conversación el alcalde pidió al reportero revelar los nombres de las personas que le proporcionaron el documento oficial que señala la falta de pago de salarios, pero al no dar a conocer su fuente de información, comenzaron las presuntas amenazas directas en contra del comunicador y fue retenido por alrededor de 20 minutos ante la presencia de un policía municipal armado que se postró en el acceso de la oficina.
Al tener contacto vía celular con el compañero de gremio que fungió como intermediario para el encuentro, Carlos Alvarado logró salir de la oficina del alcalde y en ese momento le comentó que había sido objeto de agresiones verbales y amenazas, por lo que le pidió auxiliarlo a salir de la cabecera municipal rumbo al entronque de la carretera federal, donde finalmente toma una unidad del servicio colectivo rumbo a Zacatelco.
Por todo lo anterior que ha quedado detallado en su denuncia interpuesta este domingo ante la FGR, Carlos Alvarado recibió el apoyo de la Oficina para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a solicitud de la UPET, instancia que desde el mismo día de los hechos emitió una medida urgente de protección al comunicador consistente en asignación de custodia y vigilancia en su hogar con elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para salvaguardar la integridad física tanto del afectado como de sus familiares, mientras se lleva a cabo las debida investigación.