La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) dio a conocer su balance anual revelando la situación de los menores de edad en todo el país, en los primeros once meses del 2022.
El estado de Tlaxcala sobresalió en dos de sus apartados, evidenciando que la población infantil y menores indígenas se han visto vulnerables en sus derechos.
En el apartado “Derecho a la Educación” se reveló que en 2022 las infancias mexicanas también fueron víctimas de la falta de progresividad y retroceso a sus derechos humanos, en particular en materia de educación al eliminar el Programa de Escuelas de Tiempo Completo.
Por lo que la Redim culpó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) por violar los Derechos Humanos a la educación y a la alimentación de 3.6 millones de niñas y niños adolescentes en todo el país que, señalan, eran beneficiados con el programa, al otorgar posiblemente la única comida suficiente y balanceada de niñas y niños que asistían al colegio.
Las intoxicaciones
La organización recordó las múltiples intoxicaciones en diferentes escuelas del país por dulces y alimentos, dentro de las que resaltó Tlaxcala, Hidalgo y Chiapas; señalando una incapacidad de las autoridades para prevenir las formas de violencia que atentan con la vida de los menores de edad y una problemática la cual pidió ser investigada, así como atendida en una lógica de ataque a niñez y adolescencia y no de señalamiento o estigmatización.
De igual forma, en su apartado “Brechas en el Goce de Derechos para la Niñez Indígena”, la organización reveló que los estados de Puebla y Tlaxcala se encuentran entre los cinco que durante 2022 obtuvieron un alto porcentaje de población infantil indígena en extrema pobreza.
Desigualdades
Informó que en pleno 2022 persisten desigualdades para la niñez indígena, al observar un incremento en pobreza extrema durante ese año en el estado de Tlaxcala, colocándolo en el segundo lugar por dicha situación a nivel nacional.
En primer lugar se encuentra Quintana Roo y en tercer sitio Puebla, en el caso de Yucatán, obtuvo el cuarto escaño derivado a que incrementó su pobreza extrema en la niñez indígena y adolescencia de 8 por ciento al 12.4 por ciento.
La Redim, recomendó a los estados garantizar la prevalencia del interés superior de la niñez en toda decisión pública, cumplir con las recomendaciones de organismos internacionales respecto de los derechos de los menores por superar la discriminación estructural de la niñez y el rezago que tiene México en el cumplimiento del desarrollo de los menores de edad tras los efectos de la pandemia del Covid-19, entre otros.