Organizaciones civiles, grupos comunitarios, científicas y científicos, rechazaron la propuesta de Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tlaxcala, que el pasado 14 de febrero en sesión del Congreso local la diputada morenista Marcela González Castillo dio a conocer, misma que se turnó a Comisiones de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Puntos Constitucionales.

Exigieron que dicha iniciativa no sea aprobada por diversas inconsistencias, así como pidieron se realicen foros con la sociedad y los diversos grupos, para crear una nueva norma que garantice el derecho al agua, saneamiento y conservación.

Detallaron que la iniciativa no tiene como base el reconocimiento de que el 80 por ciento de los municipios del estado son parte de la Cuenca del Alto Atoyac, tampoco se considera que a partir de los procesos de urbanización y de industrialización se ha generado agotamiento de la disponibilidad hídrica.

Entre irregularidades encontradas dijeron que hay violación a los derechos, dejando así el agua disponible sólo a quien pueda pagarla, sin considerar que en el ámbito doméstico familias utilizan este recurso para la manutención de animales.

Así como desconociendo la gestión y administración del agua que realizan las diversas comunidades, a través de sus Comités Comunitarios, los colectivos también señalaron que la iniciativa les quita la responsabilidad a las industrias sobre el tratamiento de sus aguas residuales.

Pidieron se baje la iniciativa y contemplen una nueva con la participación de la sociedad y colectivos a favor de la conservación del medio ambiente.

Resaltaron que durante este lunes se presentó el oficio para solicitar al Congreso la creación de los foros, abundando en las preocupaciones antes expuestas, en el oficio más de 30 organizaciones grupos pastorales, redes y organizaciones nacionales firmaron en contra de la propuesta de la diputada Marcela González.

Confiaron que en próximos días se les dé una respuesta positiva, de lo contrario señalaron continuarán exigiendo una nueva ley que responda a la emergencia sanitaria que actualmente se vive en Tlaxcala.