De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2022, publicado por la CNDH, la calificación dentro de los Ceresos de la entidad, disminuyó en cuanto a su aplicación de medidas que garanticen los derechos de los reclusos, incluyendo atención de de mujeres con hijos, adultos mayores, indígenas, con discapacidades o pertenecientes a la comunidad LGBTTTQ+; enfermedades, con drogodependencia y extranjeras.
Tlaxcala presentó la calificación de 7.18 con una población penitenciaria de 950 internos, lo que representa una baja en comparación de lo reportado en 2021, siendo el promedio nacional de 7.47 puntos.
En el 2022 el penal de Apizaco obtuvo la calificación de 7.49, un leve aumento en comparación con 2021, no obstante, el Cereso de Tlaxcala obtuvo la calificación de 6.57, representando una disminución, así como el penal de Tlaxcala, presentó la calificación de 7.47 puntos, colocando a la entidad por debajo de lo requerido en la aplicación de derechos de los reclusos y disminuyendo en el porcentaje de rubros que garantizan su integridad, aspectos que garantizan una estancia digna condiciones de gobernabilidad.
Solo el penal femenil presentó una calificación positiva en el rubro de condiciones de gobernabilidad.
El Cereso de Apizaco, cuenta con una capacidad de 514 internos, albergando hasta el momento 498 detenidos; el penal de Tlaxcala cuenta con una capacidad de 420 albergando hasta el momento 396 detenidos y el femenil cuenta con una capacidad de 73 albergando hasta el momento 83 mujeres, detectando también una sobrepoblación y dos madres que viven con sus hijos.
El penal femenil se presentó una deficiencia en atención a personas adultas mayores, insuficiencias en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.
En el caso del Cereso de Tlaxcala, se detectó, deficiencias en la atención a personas LGBTTTIQ+.
Dentro de la supervisión general a los tres centros, se detectaron una falta en aspectos que garantizan la integridad de los internos, como la insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los Derechos Humanos, deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a los detenidos, deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias, una inadecuada clasificación de las reclusos y insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación.
Fueron aprobados aspectos que garantizan la integridad de los internos, con relación a la distribución En sus áreas capacidad del centro y prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en casos de detección, supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular la integración de expedientes técnicos-jurídicos y funcionamiento del comité técnico, así como la vinculación de los detenidos con la libertad incorporándose a la sociedad; también existieron aspectos positivos en atención a personas indígenas y aquellas que viven con VIH/SIDA.
La CEDH, destacó que pese a los resultados, Tlaxcala ocupa el cuarto lugar en cumplimiento.
Resaltó que sí hay acciones para cumplir los estándares nacionales a favor de los derechos humanos de los reclusos, como capacitación constante por parte de la comisión, así como se han realizado mejoras de infraestructura y apoyo para que los detenidos puedan tener una mejor comunicación con sus familiares y con representantes de ley.
No obstante, reconoció que aún se deben cumplir y mejorar en distintas áreas, las cuales son observadas y señaladas a los directores al instante, desde aspectos de salud, educación, infraestructura y derechos entre otros.
“Se les priva de ese derecho (libertad), pero no son privadas de su dignidad, o derechos familiares y deben ser tratados con dignidad y es responsabilidad del estado que les cumplan”, señaló la titular Jakeline Ordóñez.
Adelantó que la entidad, ya se está buscando un mecanismo con la finalidad de evaluar y detectar deficiencias como lo hace la CNDH, así como proponer mejoras de acuerdo a los estándares que se manejan a nivel nacional.