Vaya embrollo en que estaría metida la recién nombrada titular del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala (Conalep), Luz Vera Díaz, pues entre los corrillos del organismo trascendió que no contaría con título profesional de licenciatura.

Y es que de acuerdo con la propia norma interna, en el Decreto 34, Artículo 15, uno de los requisitos para comandar al Conalep es, justamente, contar con título de licenciatura y contar con trayectoria académica, así como profesional en el área.

Los rumores han llegado a oídos de burócratas y maestros, quienes ya han empezado a cuestionar en redes sociales la llegada de la exdiputada local que, por cierto, ha estado muy callada ante las acusaciones, o sea que ni lo desmiente ni lo afirma, sino todo lo contrario. 

¿Será que Luz Vera Díaz espera que calladita las aguas se aquieten o de plano alista una salida digna?

Veremos y diremos. (LS)

Turbias designaciones en el Congreso

Tal parece que en el Congreso de Tlaxcala bien pudiera aplicarse el dicho aquel de “piensa mal y acertarás”, pues a escasos días de iniciadas las funciones la flamante LXIV Legislatura, las dudas sobre su transparencia ya comenzaron a calar hondo.

Resulta que Leonardo Esteban Estévez Vázquez ocupa el cargo de secretario administrativo en un área clave del Congreso, donde se controla la marmaja. 

Nada tendría de raro este perfil, pero éste fue muy cercano al expresidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Víctor Manuel Cid del Prado Pineda.

La historia de Estévez Vázquez abarcó desde ser nombrado director de Atención a Programas a la Sociedad hasta visitador adjunto. Y, con la reputación que se carga Víctor Manuel Cid, la credibilidad en el Congreso no pinta bien.

Más aún, al traer a cuentas los roces entre la pasada legislatura y quien se aferró hasta el último momento a la CEDH.

¿Todo esto lo habrá considerado el flamante presidente de la Junta de Coordinación Política, Rubén Terán Águila, al proponerlo en el cargo? (LS)

Un año sin Daniela Muñoz 

Con la reciente Declaratoria de Alerta de Género para Tlaxcala, se debe cuestionar qué hacen las autoridades estatales y federales para resolver los casos de desaparición de mujeres que tanto han agobiado a la sociedad. 

Y es que a un año de la desaparición de la joven Daniela Muñoz de Apizaco, tal parece que todo ha quedado en buenas intenciones y discursos para quedar bien, porque en los hechos ninguna autoridad ha tomado verdaderas riendas contra crímenes como éste.

Simplemente, los padres de la joven ya no pueden esperar a cambios o nombramientos en las áreas de justicia en Tlaxcala, urge darles certeza que en el estado en verdad no se permitirá la violencia contra las mujeres.

Tanto medios de comunicación como activistas han dado cuenta de los esfuerzos de su familia para localizarla, inclusive, con un detenido a cuestas, pero los avances en la investigación, nada más no caminan.

Sin duda, esto representa la oportunidad de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros para dar un manotazo en la mesa y no permitir más historias desgarradoras como ésta. (LS)