El Congreso del Estado se encuentra facultado para abrir y revisar nuevamente las cuentas públicas de la administración que encabezó Rafael Moreno Valle de julio de 2014 a enero 2017, años en los cuales se inauguraron obras polémicas como el Museo Internacional Barroco, el segundo Piso de la Autopista México-Puebla, el Museo de la Zona Arqueológica de Cholula, entre otras. De acuerdo con especialistas en ese periodo hubo un daño patrimonial que ascendería a más de 4 mil millones de pesos.

En entrevista con Intolerancia Diario, la presidenta de la Comisión Inspectora, Olga Lucía Romero Garci-Crespo dijo que los poblanos necesitan saber la verdad, y es falso que existan candados para reabrir las cajas de los documentos fiscales. Indicó que algo que se encontró en la ley, es que si en una cuenta pública, el daño patrimonial excede los 50 días de salario mínimo, se tiene que hacer la revisión siempre y cuando no hayan transcurrido cinco años. De encontrarse irregularidades, se podrán fincar responsabilidades.

La legisladora señaló que coincide con la intención del gobernador electo Luis Miguel Barbosa Huerta de terminar con la impunidad que existía y sobre todo que haya transparencia y una verdadera rendición de cuentas.

Aclaró que es difícil hablar de personas que ya fallecieron de manera trágica, en clara alusión al exmandatario Rafael Moreno Valle, pero es un tema de cuentas públicas, y en caso de que la persona a la que se le tienen que fincar responsabilidades haya fallecido, se tiene que presentar ante el Ministerio Público las denuncias y las querellas en contras de quienes pudieran resultar responsables para terminar el proceso.

“Asimismo se remiten constancias a los titulares de control interno de los sujetos a los que se hizo la revisión”, detalló.

Dijo que a petición del el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso, Gabriel Biestro Medinilla, se van a reabrir las cuentas públicas, además aclaró que ante el presunto daño a la hacienda pública, no necesariamente el responsable pudo haber sido el titular del Ejecutivo, sino que hay titulares de áreas y funcionarios de distintos niveles, a quienes en caso de detectarse alguna irregularidad, se les pueden fincar responsabilidades.

  • Serias irregularidades

La LX legislatura desde el 5 de noviembre pasado, a través del coordinador de los legisladores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Gabriel Biestro Medinilla, aprobó la intención de volver a fiscalizar la cuenta pública 2016 y el último mes de 2017 por los presuntos excesos cometidos por el exmandatario estatal durante su administración.

Señaló que la ejecución de obra pública con sobrecostos generó el incremento de la deuda pública de Puebla, pero fue disfrazada con el financiamiento a través de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS).

La diputada Olga Lucía Romero Garci-Crespo se refirió al Informe de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública de fecha 15 de febrero de 2017, donde la Auditoría Superior de la Federación detectó diversas irregularidades en la cuenta pública del ejercicio correspondiente al año 2015, hasta por 4 mil 570 millones de pesos. Además de las irregularidades por más de 1 mil 75 millones de pesos que el mismo organismo detectó y observó en el 2011 y en el 2014 donde se hicieron constar diversas irregularidades derivadas de obras ejecutadas con sobrecostos, así como por obras que se pagaron y no se acreditó su existencia.

Sin embargo, los señalamientos de los primeros tres años de la administración morenovallista no se podrán corroborar porque ya excedió el tiempo que la ley otorga para la reapertura de las cuentas públicas.

Romero Garci-Crespo expresó que  dichos sobrecostos y observaciones se dieron en las obras más cuestionadas de la administración de Rafael Moreno Valle como el Museo Internacional Barroco, el segundo piso de la autopista México-Puebla, el estadio Cuauhtémoc, el Proyecto Arqueológico Cholula y la Línea 2 del Sistema de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).

Olga Lucía Romero Garci-Crespo recordó que, en toda obra federal, como las citadas, existen recursos del orden federal, así como del estatal, por lo que resulta extraño que la Auditoría Estatal no haya emitido observación alguna, cuando la federación sí lo acreditó y abundó que fue dicho órgano quien señaló que existieron observaciones por 263 millones de pesos y un subejercicio de 253 millones 900 mil pesos en la cuenta pública del ejercicio 2016.

En ese mismo año, en gasto federalizado se establecieron 110 observaciones por parte de la Auditoría, sin embargo, sólo se solventaron un total de 48 y quedan pendientes 62. De igual forma se detalla que del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, el gobierno el estado no solventó el ejercicio de 19 millones 200 mil pesos.

  • La situación actual de la Inspectora

Por otra parte la legisladora comentó que hay un rezago grande en la comisión que preside ya que hay en la congeladora 57 cuentas públicas y se desconoce si ya llegaron las del 2018.

Recordó que el 13 de mayo hubo una comisión donde se presume quería hacer un madruguete de la aprobación y se quitó del Orden del Día para aprobar la cuenta de un expresidente municipal.

Sobre si hay línea para golpear a José Juan Espinosa, manifestó que desde un principio se aclaró que se iba a acabar con el garrote político y las cuentas públicas se revisarán conforme a la legalidad, y la auditoría: “No es en contra de nadie, ni para salvar el pellejo, las cuentas no tienen nombre ni dedicatoria”.