El Congreso del Estado aprobó un Punto de Acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo y a la Secretaría de Educación Pública a implementar medidas para regular el uso de dispositivos inteligentes de comunicación y procesamiento de datos dentro de las instituciones educativas de nivel primaria y secundaria, durante las horas de clases, al indicar que se está causando problemas de aprendizaje.

La diputada proponente, Guadalupe Muciño Muñoz, precisó que esta medida está orientada a evitar el mal uso de las tecnologías de la información, para que estas sean utilizadas como una herramienta de aprendizaje y no como un distractor para estar en redes sociales, videojuegos u otros usos no apropiados. El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Educación para su estudio y resolución correspondiente.

El exhorto, indica, debe haber una coordinación con las autoridades federales y los ayuntamientos, para que implementen acciones de concientización dirigidas a los padres de familia, a fin de evitar por parte de sus hijos el abuso en el uso de teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras o cualquier otro dispositivo que los distraiga de la atención y cuidado de sus hijos, coadyuvando con ello a la integración familiar.

Asimismo, se pide que informen sobre el uso responsable de las tecnologías por parte de los menores, con el fin de prevenir la dependencia y adicción, así como futuros padecimientos relacionados con la exposición continúa a las mismas.

De acuerdo a los indicadores sobre sociedad de la información 2013 - 2015 del INEGI, para el 2015, el 44.9% de hogares contaba con computadora, 39.2% con conexión a internet y 50.4% con telefonía celular.

“De estos, el rubro que reportó un mayor crecimiento fue el uso del teléfono celular, hasta en un 100%, lo que representa la utilización de este dispositivo en cerca de 28 millones de hogares mexicanos, de los cuales, 3 millones 289 mil 876 usuarios corresponden al Estado de Puebla”.

Mucino Muñoz reconoció que el crecimiento del uso de las tecnologías representa una ventaja para el desarrollo de nuestras actividades, pero advirtió que su abuso ha traído consecuencias como la presentación de accidentes de tránsito; el incremento de la vulnerabilidad para ser víctimas de extorsión, fraude, secuestro y robo de identidad; el deterioro de la salud debido a la exposición continua a dichos dispositivos; así como la disminución del rendimiento en el trabajo, la escuela y el hogar, debido a la adicción que la tecnología y las redes sociales provocan.

“El entorno familiar resulta ser de los más afectados, ya que el uso excesivo e irresponsable de las tecnologías ha provocado su desintegración”, acusó.

La legisladora precisó que la atención que los padres o tutores deben prestar a sus hijos, se ha sustituido con el acercamiento de aparatos que lejos de educar, sirven como distracción, complicando la orientación, cuidado e interacción que padres e hijos deben desarrollar.

Expuso que día a día se puede observar que la dinámica infantil y adolescente se concentra en el crecimiento tecnológico y no en la actividad física y mental que anteriormente prevalecía.

“Aquello ha reducido considerablemente la práctica de algún deporte y, en consecuencia, ha contribuido al crecimiento de los índices de obesidad. Aunado a lo anterior, el uso de la tecnología reduce la necesidad e interés de razonamiento; provoca deterioro físico a corto mediano y largo plazo, pasando, ante su abuso, de ser impulsor del desarrollo a enemigo de la integración, la salud, la convivencia y el trabajo”, aseguró.

Aclaró que la intención no fue es satanizar el uso de las tecnologías, sino fortalecer el entorno familiar, la educación y cuidado de los hijos; garantizar la integración, la guía de los padres y el uso adecuado de las herramientas que la modernidad nos otorga, como medios de transformación y no de retroceso.

Finalmente señaló que, dada la proximidad del regreso a clases por parte de la comunidad estudiantil, se refrenda el llamado hecho con antelación a fin de que los padres de familia se acojan a las acciones implementadas por el gobierno a fin de garantizar la formación de generaciones más sanas, apegadas a los valores que sólo pueden inculcarse a través de la interacción familiar.