Las secretarías de Seguridad Pública y Tránsito municipal, de Gobernación y Obras Públicas siguen siendo las dos principales dependencias del ayuntamiento que reciben más denuncias en la Contraloría municipal.
Lo anterior, por abuso de autoridad o actos de corrupción que han llegado a sanciones de suspensión de labores e inhabilitaciones por comprobarse irregularidades en sus trabajos.
A la llegada de la actual administración, una de las principales críticas fue la supuesta elección del primer contralor ciudadano emanado de los grupos empresariales, principalmente, de la organización Actívate por Puebla, encabezada en su momento por el diputado electo Francisco Rodríguez Álvarez.
La críticas llegaron de parte de regidores de oposición que aseguraban que el actual contralor municipal dejaba mucho que desear por su falta de respuesta a sus quejas, sin embargo, el edil siempre otorgó el respaldo total a su contralor ciudadano.
A tan sólo cuatro meses de que concluya esta administración, se dieron a conocer parte de los resultados de lo que fue como un experimento poner al frente de la dependencia un ciudadano para acabar con los actos de corrupción de administraciones pasadas.
Mano firme contra funcionarios municipales
De acuerdo con la nota administrativa de los casi tres años de gobierno municipal, en poder de Intolerancia Diario, las quejas en contra de funcionarios municipales se redujeron significativamente.
De 2011 que tomaron el gobierno a la fecha se logró una disminución de casi 65 por ciento en la presentación de quejas de parte de los ciudadanos para denunciar algún acto de corrupción y agresión en su contra.
En 2011, a su llegada al gobierno, se habían presentado 180 quejas recibidas, mientras que en 2012 las quejas disminuyeron a 112 y para este año, hasta el mes de septiembre sólo se contaban con 60 quejas, pero para el cierre de 2013 se espera cerrar en un total de 80 inconformidades.
Mientras que en materia de sanciones, en menos de tres años se ha logrado amonestar a un total de 163 servidores públicos, siendo en 2012 el mayor número de castigos aplicados, ya que en 2011 se impusieron 15, mientras que para el segundo año de gestión el número de sanciones se incrementó a 86, y para este año son un total de 62.
La falta de presentación de la declaración patrimonial, así como conductas tipificadas como faltas administrativas por falta de atención al ciudadano, como algunos actos irregulares como el uso de vehículos oficiales fuera de los horarios establecidos y para fines ajenos a su labor oficial.
Estas sanciones van desde sanciones económicas, amonestaciones públicas, así como amonestaciones privadas, la destitución del cargo de manera temporal o definitiva y, en su caso, la inhabilitación hasta por 12 años en total.
Hasta el momento sólo se han generado un total de dos inhabilitaciones de las diversas denuncias que se han dado a conocer de manera mediática, ya que la falta de pruebas o la presentación de una denuncia formal ha evitado que se siga con la investigación correspondiente.
Sin embargo, estas sanciones han sido por el uso de vehículo oficial mientras que la mayoría de las amonestaciones han sido por su negativa a presentar la declaración patrimonial, a pesar de que se trata de una obligación legal.
En cuanto al uso indebido de vehículos es, en su mayoría, por su uso fuera el horario de trabajo, así como por la utilización de este vehículo en procesos electorales, como el de juntas auxiliares, como los casos de un auto en el estado de Campeche, y conducir en estado de ebriedad.
Sancionan a ediles auxiliares
El contralor municipal Santiago Martínez Sánchez destacó que en cuanto a las juntas auxiliares sólo tres ediles fueron amonestados de manera privada, que es traducido en llamadas de atención, los de San Jerónimo Caleras, La Libertad y San Pablo Xochimehuacan.
Martínez Sánchez informó que se sancionó por uso indebido de vehículo oficial; en este caso fue la junta auxiliar de San Baltasar Tetela en el año 2012, mientras que en 2013 se amonestaron de manera privada y económica a los ediles de San Jerónimo Caleras, en dos ocasiones la de La Libertad y una más de San Pablo Xochimehuacan.
Se destaca el caso de la junta auxiliar de La Libertad, ya que fue por el caso del cobro ilegal a la entrada del Cuexcomate, donde algunos vecinos denunciaron que el edil de esta demarcación decidió cobrar la entrada en 10 pesos por persona, además de rentarlo para fiestas privadas.
En caso de San Pablo Xochimehuacan fue por no atender una recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Mientras que en el caso de San Andrés Azumiatla, donde se detectó un vehículo oficial durante el registro como precandidato del ahora presidente municipal electo, Antonio Gali Fayad, no se llegó a la sanción derivado que no se presentó una denuncia formal.
“Ese tipo de investigación que se llevó a cabo no tuvo ningún efecto, se presentaron fotos sin evidencias más, no hubo materia para seguir la investigación, por lo tanto, no se desecha, se archiva por falta de elementos de prueba.”
El contralor municipal informó que actualmente hay dos ediles en proceso de investigación, sin embargo, derivado a que se encuentran en proceso no se puede señalar el nombre.
Mientras que otros dos casos más que están en la segunda etapa de proceso de determinación de responsabilidades, donde se ha fijado la presunta responsabilidad de un servidor público, sin embargo cuentan con un tiempo para poder solventar las observaciones.
Reducen actos de corrupción
Por lo tanto, para el contralor ciudadano en estos tres años se lograron disminuir los actos de corrupción, los cuales desde el principio siempre fueron en su mayoría por los elementos de Seguridad Pública, lo cual fue por la “mano firme” que se aplicó.
“En tres años consideramos que hemos reducido en un 65 por ciento las acciones de funcionarios y servidores públicos que debido a la estrecha vigilancia que se tiene por cada uno de los secretarios y este órgano de control, hemos minimizado ese porcentaje.”
El funcionario municipal aseguró que las quejas más comunes giraron en torno a la extorsión por parte de los servidores públicos y multas de tránsito que, al final, llevó a un incremento en la recaudación tras las medidas implementadas durante la administración municipal.
Pese a estas tendencias, el contralor municipal afirmó que la tendencia de quejas por corrupción en el último año bajó 40 por ciento, lo cual es positivo para el cierre de la administración municipal.
Martínez Sánchez precisó que en algunos de los casos no se ha comprobado responsabilidades de los funcionarios porque los ciudadanos afectados ya no ratifican sus denuncias o, en su caso, la omisión fue de ellos, pues buscan evadir una multa o sanción real por parte de los funcionarios.
Indicó que las quejas registran una baja debido a que los ciudadanos ya son más responsables en realizar sus denuncias correspondientes, lo cual pone entre la espada y la pared a los servidores públicos y, en consecuencia, ya no cometen tantos ilícitos.