El clan de los hermanos Pacheco Velázquez está oficialmente fuera del ayuntamiento del municipio de Puebla, ya que, a decir del Secretario de Administración y Tecnologías de la Información (SATI), Rafael Ruiz Cordero, el pasado lunes los dos hermanos del secretario general vitalicio fueron dados de baja porque percibían un salario que no correspondía a la función que desempeñaban.

Todo lo anterior, a raíz de información publicada en las últimas semanas, que orilló a la administración del gobierno local a realizar auditorías de los niveles salariales pero, sobre todo, de aquellos que están por encima de la remuneración de otros trabajadores y que no lo ameritaba.

En entrevista, el titular de la SATI reveló que la auditoría dio como resultado que 12 trabajadores de base sindicalizados quedaran fuera del gobierno local, nueve de ellos formaban parte del comité ejecutivo del propio sindicato.

“En el caso de los hermanos Pacheco Velázquez, tenían un nivel salarial que no correspondía a la función que desempeñaban, pero además asumían permanentemente actitudes provocativas, anti-institucionales, porque promovían una huelga ilegal y realizaban pronunciamiento y expresiones soeces, además de causar daños materiales”.

La baja de los integrantes del sindicato, agregó Ruiz Cordero, procedió el pasado 15 de abril y ayer lunes se ejecutó la baja de los hermanos del exdirigente gremial Israel Pacheco Velázquez, que ganaban salarios alrededor de los 24 mil pesos, cuando el tabulador alcanza hasta los 6 mil pesos por cada empleado sindicalizado.

¿Es suficiente darlos de baja?


Ante la pregunta si es suficiente con darlos de baja, el secretario de Administración y Tecnologías de la Información dijo que todo lo que proceda es un tema de la Contraloría municipal, que tiene la encomienda de deslindar responsabilidades que dependen de las violaciones al marco legal establecido.

“Todo eso está regulado y se hace una investigación exhaustiva”, por lo que apuntó que pueden proceder diferentes tipos de sanciones si se encuentran irregularidades: “Desde amonestación, suspensión de salarial, hasta penas de otra naturaleza como responsabilidad administrativa y responsabilidad penal”.

Pero aseguró que, como titular de la SATI, no se atreve a definir qué tipo de sanción es la que corresponde para los trabajadores despedidos, aunque reconoció que existe una gama de posibilidades, pero depende de la gravedad de la falta cometida, pero no quiso asegurar si los hermanos de Israel Pacheco Velázquez pueden ir a la cárcel como sanción.

Otros casos en investigación

Rafael Ruiz Cordero reveló que ahora mismo trabajan en la detección de otros trabajadores que se encuentren en la misma situación, que pueden ser sindicalizados o de confianza, pero comentó que al aplicar las revisiones salariales encontraron que sí hubo beneficios para varios trabajadores, sobre todo para aquellos que estaban más cercanos del exlíder vitalicio Israel Pacheco Velázquez.

Los despedidos de la comuna, aclaró Ruiz Cordero, tienen a salvo sus derechos para acudir al tribunal y tratar de desvirtuar los argumentos de las autoridades municipales, pero éstos son sólidos —apuntó— aunque tienen todo el derecho de defenderse y buscar la reinstalación.

“Aunque para el ayuntamiento es causa muerta, el tribunal decide si el ayuntamiento actúa correctamente”, aunque hasta el momento —finalizó— no hay elementos para inferir que puedan realizar denuncia penal, pero será la Contraloría la que decidirá al final.

Agandalle del líder charro Pacheco

Desde hace 12 años el actual secretario general de trabajadores del ayuntamiento de Puebla, Israel Pacheco Velázquez, cobraba en la nómina de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Seduop) la cantidad de 33 mil pesos mensuales por comisión sindical y adscrito como analista consultivo, de acuerdo con los tabuladores electrónicos de la página oficial del gobierno capitalino.

El dirigente del gremio municipal aparece como analista consultivo A, pero también estaban registrados tres de sus hermanos: Conrado, Andrés y Javier Pacheco Velázquez, con salarios de 30 mil pesos mensuales en dos dependencias diferentes, pero con salarios superiores al grueso de los trabajadores del ayuntamiento de la ciudad de Puebla.

Cabe recordar que en los últimos días se publicaron datos sobre la fortuna creciente del líder sindical, obtenida en los casi 15 años que lleva al frente del sindicato de trabajadores de la comuna, donde maneja recursos de manera discrecional y mantiene bajo amenaza a la totalidad de los trabajadores del gremio.

En un comparativo, el salario de Israel Pacheco Velázquez alcanza los 33 mil pesos mensuales, mientras que el resto del personal sindicalizado tiene nóminas que van de los 3 mil 500 pesos a los 6 mil pesos mensuales, de acuerdo con la categoría en que se encuentren en la actualidad.

Es importante mencionar que con un salario de 33 mil pesos, Pacheco Velázquez logró acumular una fortuna incalculable, pero se sabe por medio de las redes sociales que con esos recursos los integrantes de su familia nuclear realizan viajes alrededor del mundo, pero además también logró adquirir vehículos de lujo y diferentes propiedades inmobiliarias a nombre de sus hermanos.

Por ello las autoridades locales aseguraron que les corresponde a los trabajadores de la comuna, agremiados al sindicato, interponer la denuncia penal que corresponda si en su caso consideran que las cuotas laborales que aportan quincenalmente son utilizadas de manera ilegal por el dirigente del gremio.

Consideraron que el ayuntamiento del municipio de Puebla es respetuoso de la vida sindical, por lo que no ejercen funciones de fiscalización para investigar el manejo de las aportaciones de los empleados municipales, por lo que es papel de cada trabajador llevar a cabo las medidas que consideren necesarias para que se esclarezcan las cuentas del sindicato.

Por eso la comuna se mantiene al margen de lo que sucede en el gremio municipal y no les corresponde juzgar si las propiedades de Israel Pacheco Velázquez publicadas en diferentes medios de comunicación corresponden a sus ingresos, por lo que afirmaron que corresponde investigar a las autoridades ministeriales si sus recursos son lícitos o se encuentran en la ilegalidad.