Suman 709 millones de pesos las secretarías de Infraestructura y Servicios Públicos y la de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM) de la administración de Luis Banck Serrato en observaciones.

Los datos revelados a regidores de  la comisión Transitoria de entrega-recepción por el informe del despacho contratado por la Contraloría Municipal, destaca que el gasto del recurso hasta el momento no localizado es por falta de información de las dependencias implicadas.

El presidente de la comisión, José Luis González Acosta, precisó que aún David Aysa de Salazar y Manuel Alonso García, exfuncionarios implicados en la observación, tienen hasta el viernes uno de febrero para solventar esas inconsistencias detectadas, de lo contrario, la gestión municipal llamará a cada uno de ellos a comparecer.

González Acosta explicó que las observaciones de Infraestructura corresponden al pago a Citelum y a 22 obras en proceso, además en el caso de Seguridad Pública Municipal incumben al ramo 33.

“Lo que se ha mencionó también  en esta mesa es que si funcionarios actuales (José Israel  Román Romano y Lourdes Rosales Martínez) actuaron con dolo, además habrá sanciones porque se debe aclarar si la información no la entregaron o no se encontró y si es así se llamará a los exfuncionarios”.

Reiteró que en el caso de la SSPTM es porque los recursos corresponden al Ramo 33 en el rubro del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun).

La regidora Silvia Tanús Osorio, después de solicitar que se solicite la información a los actuales secretarios de Infraestructura y Seguridad Pública, y si tienen responsabilidad, se precise en los documentos oficiales.

Pidió a sus homólogos que en el documento que se entregue se precise que en caso de que los responsables de la falta sean los actuales titulares, se les imponga el castigo correspondiente, que seguramente, será un llamado de atención.

La priista detalló que las observaciones pueden ir posiblemente  en un par de líneas; la primera en que  cuando se le pida una explicación a los extitulares, ellos revelen que sí están todos los datos contables para solventar las observaciones y la segunda sea el resultado de que los actuales funcionarios no quisieron proporcionar la información.

El presidente de la comisión, señaló que la Contraloría tendrá que entregar un informe final bien detallado este jueves  17 basado en los datos entregados por el despacho externo contratado por la administración municipal, luego la Transitoria de entrega-recepción tendrá que presentar un dictamen ante el Cabildo antes del uno  de febrero para ser aprobado y si las observaciones persisten se citará a los exsecretarios para que solventen las observaciones que hasta este momento no se pueden calificar de irregulares, precisó.

En caso de que los implicados no realícen las aclaraciones se iniciará un procedimiento de responsabilidades administrativo para deslindar responsabilidades.

“La Contraloría presenta el dictamen, nosotros hacemos uno para el Cabildo y será hasta aquí cuando se conozca, si las observaciones son por cuestión de los exfuncionarios tendrán que solventarlas, pero si fueron funcionarios actuales vamos contra ellos por hacerlo con dolo y también se va a señalar su responsabilidad, acá vamos por la transparencia del Ayuntamiento”.

Sin daño patrimonial

El contralor Mario David Riveroll Vázquez indicó que sin daño patrimonial terminó la revisión realizada al gobierno municipal de Luis Banck Serrato, pero aclaró que sí localizaron irregularidades administrativas de algunos exfuncionarios.

Destacó que el expediente del análisis del proceso entrega-recepción fue entregado a los regidores quienes dictaminarán sobre las incoherencias señaladas  a la anterior gestión.

Advirtió que descubrieron expedientes incompletos, además de obras sin terminar pero todavía tiene un periodo para que los implicados solventen esas inconsistencias.

“Existen aclaraciones solamente y algunos faltantes en general pero no daño patrimonial como tal; sí anomalías administrativas, expedientes incompletos y obras, pero posiblemente lo subsanen cuándo se les requiera la información”.

Precisó que mandarán a comparecer  a los extitulares de Infraestructura y Seguridad, por nombrar a extitulares de algunas dependencias.

“Las faltas administrativas ameritan que primero deben subsanar las observaciones, si no veremos las sanciones; son responsables durante los tres años, hay que ver el tipo de observación y ahí veremos qué tiempo es”.

Iván Camacho reparte culpas en reordenamiento comercial

El reordenamiento del comercio informal se frenó por la corrupción que existía en la Secretaría de Gobernación, la transición municipal, la indefinición de la gubernatura y cambios en el reglamento interior del Coremun, dijo el presidente de la comisión de Gobernación Iván Camacho Mendoza.

Aseguró que ya se han establecen realizado estrategias para realizar un ordenamiento armónico  como  reformar el Capítulo 16 del Coremun para retirar la orden de inspección que avaló el pasado Cabildo que se debe  ejecutar en decomisos.

“Para hacer decomisos requieres de una orden de inspección, en este momento no puedes hacer un decomiso, primero hay que pasar y darles una orden, es ilógico, les estás avisando que vas a hacer operativos, vamos a eliminarlo del capítulo 16, para que  cuando se requiera de un reordenamiento se haga sin implicaciones legales”.

Camacho Mendoza subrayó que se viven momentos atípicos porque no es lo mismo la transición entre un gobierno de un partido a otro diferente.

“Además hay que contextualizarlo, tenemos en el estado el tema de que no se había definido la gubernatura y esto en cierta medida lo complicó, porque el fenómeno del ambulantaje tiene que ver con un uso clientelar, esto se ha analizado por académicos; es algo cíclico a veces disminuye y a veces aumenta, pero siempre que hay periodo electoral aumenta pero cuando llega el gobierno disminuye”.

Priorizó que la secretaría de Gobernación anterior entregó cheques en blanco a los ambulantes, práctica de corrupción que se originaban en esa estructura.

“Fuimos responsables y actuamos como lo dejó la administración anterior; no es momento de echar culpas, pero debemos hablar con la verdad, aunque dicen que son fake (news), la realidad que estaban en algunos de los permisos y sabemos que se manejaron a través recibos en blanco, para nosotros es cuestión de corrupción que se manejaba en Segom”.

Percepción de inseguridad se eliminará

La secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM), Lourdes Rosales Martínez, anunció que en los próximos meses y antes de que termine el 2019, Puebla dejará del tercer lugar que le otorgó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) como una de las ciudades con mayores índices de percepción de inseguridad.

El INEGI ubica a Puebla capital como la tercera ciudad con el peor indicador en el rubro con el 93.4 por ciento, después de Reynosa, Tamaulipas, con una tasa de 96 por ciento y Chilpancingo, Guerrero con 93.8 por ciento.

“A nivel nacional nos encontramos con un gran problema de inseguridad, en el país es urgente y empezamos a tener resultados para cambiar la percepción; el presidente Andrés Manuel dijo tres años y así lo señaló; hay una serie de dinámica que tiene que ver con pobreza, falta de oportunidades, que jóvenes no están en las escuelas, que están consumiendo drogas, me queda claro que hablar de tres años es bastante complicado”.

Un 90 por ciento de los encuestados, indicaron  que los cajeros automáticos sobre la vía pública y el transporte público, son los sitios más peligrosos de Puebla.

Rosales Martínez minimizó los datos al indicar que la percepción de inseguridad es una situación nacional que padecen todos los ciudadanos desde hace años y en el caso de Puebla  la recibió en una situación adversa.