Al reprobar que en materia de contingencia ambiental se copien para Puebla los programas que se implementan en la Ciudad de México, Lizeth Mejorada, directora de la organización civil Puebla Vigila hizo un llamado a las autoridades para que se realicen los estudios adecuados y elaborar un marco jurídico respecto a lo que ocurre en la ciudad en materia ambiental.
La activista dijo en entrevista para Intolerancia Diario: “Algo que nos parece indeseable como sociedad civil es que se quieran repetir el programa que tiene Ciudad de México o Estado de México”.
Agregó que diversas organizaciones de la sociedad civil y académicos participaron en un taller en el cual se sentaron los cimientos para plantear el Programa para Atender las Contingencias Ambientales en Puebla, mismo que se pretende entregar al gobierno del Estado durante el primer trimestre de 2020, y posteriormente se trabajará para que este proyecto sea aprobado.
“Ahorita estamos en un llamado de sociedad civil de todos los temas, desde temas del agua, movilidad, estamos llamando a todos para decirles: vamos a hacer el plan, necesitamos abogados especializados en derecho ambiental y a partir de que ya tengamos un plan, pues ya tocar las puertas en el Congreso”.
Piden al gobierno estatal hacer funcionar estaciones de calidad del aire
Lizeth Mejorada, también consejera de movilidad, hizo un llamado a las autoridades estatales para que las estaciones de monitoreo de calidad de aire puedan trabajar por completo, pues explicó que estas apenas funcionan al 25 por ciento.
Expuso: “No estamos teniendo datos, y antes de un plan de contingencia necesitamos saber qué datos estamos teniendo en Puebla, y hacer un llamado al gobierno del estado a que haga funcionar las estaciones y pues a que pueda garantizar a que existan datos abiertos en este tema”.
La activista recordó que en mayo pasado, cuando se presentó un problema de contaminación en la capital –junto con otros estados de la Megalópolis- se pidió públicamente al gobierno aceptar que los niveles eran altos y que se declarara contingencia ambiental, sin embargo dijo: “Lo cierto es que el gobierno no puede declarar contingencia porque no tiene un programa”.
Lizeth Mejorada reconoció que la implementación de un programa de contingencia ambiental que involucre: “qué nivel de MP2.5 (la partícula que se mide), a qué nivel vas a declarar la contingencia, qué involucra la contingencia, vamos a tener a lo mejor un no circula, no van a ir alumnos a la escuela, vamos a tener programas como trabajo en casa en lugar de trasladarse al trabajo, qué empresas van a participar para que no se siga produciendo contaminación en esos días, todo eso involucra un programa pero debe ir aterrizado en lo jurídico, desgraciadamente Puebla aunque forma parte de la CAME no tiene un programa”, apuntó la también consejera de movilidad.
Sin inversión al transporte público, el No circula no es viable
La directora de Puebla Vigila descartó que el programa No Circula sea viable en Puebla mientras no exista una inversión importante para el transporte público, “no le podemos decir a la gente que no se mueva en autos si no les ofrecemos una alternativa de movilidad suficiente y segura. Hasta que no mejoren las condiciones, pues no se puede”.
Por lo anterior Lizeth Mejorada pidió al gobierno del estado trabajar en una mejora por el tema de la movilidad, para a partir de ello tomar otras medidas, pues aseguró que el 70 por ciento de los contaminantes en cuanto a calidad de aire tiene que ver con unidades móviles.
“Lo urgente es una alta inversión al transporte público ahorita que se está discutiendo el presupuesto y también lo urgente es que se etiquete presupuesto para que podamos tener datos, o sea si no funcionan las unidades de monitoreo de calidad de aire, difícilmente podremos tener datos de cómo está la ciudad”.
Cabe destacar que durante el Taller Regional para la Construcción Social y Jurídica de Programas Estatales de Atención a Contingencias Ambientales Atmosféricas, se concluyó que se debe fortalecer la transparencia y la efectividad de los sistemas de monitoreo de calidad de aire en todo el estado –no solo en la capital- para garantizar el derecho a la información ambiental.