Luego de la detención “arbitraria” de un grupo de 16 personas, la mayoría de ellas naranjitas, regidores del llamado G5 anunciaron que apelarán ante la Corte Internacional de Derechos Humanos para denunciar el aseguramiento de las trabajadoras del servicio manual de recolección de basura por municipales realizada por municipales el lunes previo.

Marta Teresa Ornelas Guerrero, María Rosa Márquez Cabrera, Edson Armando Cortés Contreras y Roberto Eli Esponda Islas, coincidieron al indicar que no puede tratarse “violentamente” a personas mayores.

Además, recordaron que solicitarán la renuncia de María de Lourdes Rosales Martínez por los magros resultados obtenidos en la reciente entrega del INEGI que ubica a Puebla capital en el top ten como una ciudad insegura conforme a sus ciudadanos.

En ese marco, Esponda Islas dijo que durante la captura de las naranjitas existió abuso de los elementos de Seguridad Ciudadana además de violentar los derechos humanos de las trabajadoras del servicio manual de recolección de basura.

Dijo que la alcaldesa Claudia Rivera legitima la aprehensión y haya negado usar a la fuerza pública el pasado lunes cuando un grupo de naranjitas ingresó al inmueble del Ayuntamiento de la 4 Poniente 148.

Las naranjitas, acentuó, son personas débiles visuales, con diabetes y entre sus males, pero la parte acusadora, indicó que habían robado teléfonos móviles, pero cuando revisaron sus pertenecías, estas personas “solo llevaban 14 pesos” para pagar el transporte público.

Reiteró que los regidores del G5 denunciarán ante la Comisión de Derechos Humanos y la Corte Internacional el caso porque las trabajadoras del sindicato Ignacio Zaragoza únicamente quieren manifestarse para frenar los “abusos” de su líder Salvador Pérez Xilotl y pedir mejoras laborales.

Indicó que enviaron abogados a las afectadas para apoyarlas logrando su libertad porque no fue un delito grave ni mucho menos comprobable.

Pero la víspera, el Sindicó Gonzalo Castillo Pérez precisó que los imputados se ampararon en el Artículo 140 del Código Penal que considera que este tipo de hechos no ameritan prisión al no ser graves. "Ellos se arroparon en este artículo porque no considera grave el delito de daño a propiedad ajena por eso obtuvieron su liberación en la madrugada", subrayó.