Con la finalidad de frenar la devastación ambiental que se vive en el país, será necesario la derogación de la Ley de Inversiones Extranjeras, que impedirá seguir con daños ambientales, aseguró el vocero de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA-MN), Oswaldo Villegas Martínez.
Urgió a la cancelación de las concesiones del agua y del territorio, autorizadas desde el sexenio de Vicente Fox Quezada, hasta el de Enrique Peña Nieto.
Cabe mencionar que, la Ley de Inversiones Extranjeras, es de orden público y de observancia general en todo el país, su objeto es la determinación de reglas para canalizar la inversión extranjera al país y propiciar que contribuya al desarrollo nacional.
Esa ley se ha tergiversado desde su creación, aseguró, porque solamente "es utilizada para beneficio de unos cuantos y para fortalecer los capitales extranjeros en el país".
Por eso, "ante la grave devastación ambiental a nivel nacional y la violación de los derechos humanos, proponen la prohibición, mediante una ley respectiva, del uso de técnicas de fracking para la extracción de gas shale".
Expuso que se requiere una ley específica que indique que la naturaleza es un ser vivo y sujeto de derechos, que sean reconocidos por los 3 órdenes de gobierno y los ciudadanos.
"Es urgente que en México se repliquen ejemplos de otros países, como Alemania, Ecuador, Bolivia, la India y Nepal, además del Estado de Wisconsin en Estados Unidos, que tienen logros importantes para frenar la devastación del medio ambiente".
Para ello, agregó Villegas Martínez, "es fundamental la participación de los pueblos indígenas, por lo que, será necesaria una ley general de consulta para los pueblos y comunidades indígenas, propuesta que ya está presentada ante el Congreso de la Unión".
El proyecto ciudadano, dijo el vocero de la CNPA-MN, considera la declaratoria de emergencia por riesgo de los servicios ambiental, climático y sanitario.
Con eso, aseguró Oswaldo Villegas, se puede garantizar la defensa de la ecología, el agua, el medio ambiente, los recursos naturales, además del patrimonio biocultural de los pueblos y comunidades indígenas y rurales.
Para ello, destacó la urgente necesidad de crear la red estatal de monitoreo ambiental, agua, suelo, tierra y aire, además de la unidad de toxicología o epidemiología ambiental.
Dentro de las obligaciones legales, dijo "se debe garantizar la protección, cuidado y conservación de la ecología y del medio ambiente, que deben ser prioridad sobre cualquier actividad económica y social".