Durante los primeros cuatro meses de 2022 se registraron un total de 10 intentos de linchamientos en el estado de Puebla, por lo que se ubican como uno de los tres de mayor incidencia, así lo revelan datos de la organización Causa Común.
A decir del director del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), Germán Molina Carrillo, a nivel nacional suman 82 intentos de hacer justicia por propia mano.
Siguiendo con el reporte de la organización, dijo el analista jurídico, durante el 2021 en Puebla se registraron un total de cinco linchamientos y 36 intentos de linchamiento, mientras que en el 2020 se contabilizaron 10 linchamientos y 41 intentos de ejecución.
Molina Carrillo, afirmó que, existe un Protocolo de Actuación para Casos de Linchamientos en el Estado de Puebla, que establece las acciones coordinadas que se deberán llevar a cabo.
Se trata, dijo, de proteger la vida, brindar garantías a las personas, respetar los derechos humanos y establecer la forma de actuar de los cuerpos de seguridad pública, en los casos en los que tengan conocimiento de algún intento de linchamiento.
Por su parte, dijo el director del ICI, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realizó en el 2017 la Encuesta de Percepción sobre Seguridad Ciudadana y Convivencia Social (ENCOVE).
Recordó que, la encuesta se aplicó a una muestra representativa de la población de los estados identificados como focos rojos, debido al registro de linchamientos durante el periodo 1988–2014.
Entre esos estados, se ubican la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos y Puebla como los de mayor incidencia.
Además, en ese estudio se desprende que: “en el Estado de Puebla, el enfrentamiento colectivo con los presuntos responsables ha sido la medida más recurrente por los encuestados”.
Referente al desempeño de las entidades encargadas de la seguridad, al preguntar a la población encuestada sobre qué tan efectivo considera el desempeño de las autoridades para atender un caso de linchamiento, arroja datos negativos para los modelos de seguridad.
“Cerca del 45 por ciento de la muestra encuestada por Estado, dijo que, el desempeño es nada efectivo, mientras que alrededor del 40 por ciento considera que es poco efectivo”.
La situación actual, evidencia que robos, asaltos, violaciones y pleitos por tierras, forman parte de la cotidianeidad de la pobreza y las franjas marginadas de no pocas sociedades.
La inoperancia policial, dijo Germán Molina, además de la celeridad con que a veces los presuntos delincuentes recuperan la libertad, generan un clima de inseguridad y un sentimiento de injusticia en las poblaciones afectadas.
La percepción social sobre el delito impune por ineficacia, desidia, connivencia o corrupción estatal obligaría a la gente a actuar por sí misma.
Dijo que, incluso, hay acciones en contra de las autoridades que aparecen protegiendo a los considerados delincuentes, “las críticas a la acción estatal incluyen lentitud en la intervención policial y maniobras inadecuadas para evitar los linchamientos".
