El regidor del Partido Acción Nacional (PAN) Matías Rivero Marines destacó que esta petición buscará garantizar que las empresas de este ramo sean 100 por ciento seguras, para evitar que se genere un incidente como el del pasado martes, donde hasta el momento le ha costado la vida a un total de seis personas.
El cabildante aseveró que este tipo de hechos tan lamentables sirven para detectar los puntos que se deben de revisar, para evitar que se repita este tipo de problemas, lo que puede ser conocer la capacidad de estas gaseras para la contención de tanto material acumulado.
Por lo tanto, Rivero Marines aseveró que la petición es instruir a la dirección de Protección Civil a iniciar una revisión exhaustiva de todas las empresas surtidoras de gas para determinar la calidad en materia de medidas de seguridad implementadas para evitar este tipo de fugas, así como conocer la situación legal en la que se encuentran sus concesiones.
“Tendríamos que eventualmente ver cómo están funcionando los permisos para las gaseras, para que las empresas cumplan con los estándares de calidad y de seguridad que siempre son necesarios. Ya teníamos algún tiempo de que en Puebla no sucedía algo así, lo bueno que no fue una tragedia más grande pero me parece no hay que minimizar las seis muertes, sino más bien analizar el tema y que las empresas y que los permisos de las empresas y su funcionamiento estén de acuerdo con las normas”.
Además, el regidor llamó a los dueños de estas empresas a que pongan en regla sus negocios tanto en materia de seguridad como legal y laboral, para que cumplan con este tipo de reglamentos y haya plena seguridad del uso de este material peligroso.
Rivero Marines aseveró que en cuanto al manejo de los ductos en los que se transporta este material a las diferentes empresas es responsabilidad de Petróleos Mexicanos (Pemex), por lo que hay plena confianza de un gran control para evitar fugas de esta naturaleza.
Admitió que el ayuntamiento ha fallado en controlar la invasión de zonas federales, donde pasan estos ductos de combustible, poniendo en riesgo la vida de los poblanos que por alguna situación económica deciden instalar su vivienda de manera irregular en estas zonas prohibidas.
“Es responsabilidad no solamente del municipio, sino es responsabilidad conjunta del estado y me parece que —como lo mencionaba— es responsabilidad de todos ver dónde se están afectando las empresas, ver dónde se están asentando los negocios y están asentando los ciudadanos”.
Por lo tanto, reconoció que la autoridad municipal debería de tomar acciones más drásticas y en caso de ser necesario iniciar con los procesos de reubicación de estas familias, ya que no se pueden arriesgar que por estas irregularidades se genere otra desgracia como la del pasado martes.
Por eso, el trabajo se debe de enfocar a tres dependencias: Secretaría General, de Gobernación y de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para lograr meter en “cintura” a empresarios, pero también a los ciudadanos.