El pasado viernes 19 de julio se cumplieron cinco años de la muerte del niño José Luis Tlehuatle Tamayo, luego de la represión de la Policía Estatal a manifestantes de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan.
El Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla, no baja la voz a pesar del tiempo y solicitó por medio de un comunicado al próximo gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta reabrir el expediente.
Y es que activistas y pobladores, afirman que no se han cumplido los puntos faltantes de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), aunque el organismo ya lo dio por concluido.
Aseguran que están pendientes las sanciones administrativas y penales contra servidores públicos que participaron en el operativo de desalojo, pago de indemnizaciones a los afectados, pruebas balísticas y diálogo con organizaciones sociales.
Además, demandaron revisar y en su debido caso cancelar todas aquellas leyes y disposiciones que laceran el bienestar de los poblanos.
“Sostenemos la confianza que este gobierno se inclinará a favor de los derechos humanos y esperamos que ésto pueda reflejarse en la resolución de problemáticas primordiales para el Estado como las ya señaladas”, señaló en el texto.
Homenaje
La semana pasada, José Luis Tlehuatle Tamayo, fue homenajeado con un show por parte de artistas urbanos de Puebla en el Teatro de la Ciudad.
Enmarcó el evento la canción de “El Chorrito” de Francisco Gabilondo Soler “Cri Cri” y un show de los artistas.
El acto se hizo como parte del foro nacional de artistas escénicos y circenses en el Teatro de la ciudad y en presencia de su mamá Elia Tamayo Montes y hermanos a quien le dieron un aplauso los presentes que acudieron al recinto.
Hilario Gallegos Gómez, del Centro de Difusión y Defensa de los Derechos Humanos “José Luis Tlehuatle Tamayo”, recordó que el 9 de julio de 2014, cuando se dio la orden de liberar la autopista Puebla- Atlixco, que se mantenía tomada.
La exigencia
En el comunicado, el organismo recordó que fue el 9 de julio de 2014 cuando se registró la represión al pueblo de Chalchihuapan por parte del gobierno estatal de Rafael Moreno Valle. Diez días después falleció en un hospital de la capital, el niño de entonces 13 años.
“Los hechos datan del mes de diciembre del 2013, cuando el Congreso del Estado expidió la Ley Orgánica Municipal, que entró en vigor durante el 2014 y entre sus disposiciones terminaba suprimiendo el Registro Civil de las juntas auxiliares, para trasladarlos a las cabeceras municipales correspondientes”, indica el comunicado.
“En San Bernardino Chalchihuapan, tanto pobladores como el ex Presidente de la Junta Auxiliar, Jairo Javier Montes Bautista se opusieron a dicha Ley (al igual que otros presidentes auxiliares agrupados en la Coordinación Estatal por la Defensa de la Identidad de los Pueblos, CEDIP) argumentando que ello restaba autonomía e identidad a sus comunidades, además de dejarlos sin recursos”.
“Cabe señalar, que en medio de este contexto, el gobierno estatal propuso la Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza Pública”, simplificada como la “Ley bala”, que fuese propuesta por el entonces gobernador Rafael Moreno Valle el 7 de mayo de 2014 y aprobada por el Congreso el día 19 del mismo mes, en ella, el tercer punto enunciaba el uso de armas incapacitantes no letales y el cuarto rubro permitía la utilización de armas de fuego o de fuerza letal, únicamente en el caso de legítima defensa de la vida o para evitar afectaciones a la integridad física graves, en ambos casos de la propia o de terceros; en días posteriores se eliminó el último punto debido a la fuerte crítica social.
El día 9 de julio pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y juntas auxiliares aledañas, en compañía de Javier Montes, decidieron bloquear la autopista Atlixco-Puebla como medida de presión al gobierno estatal para que restituyese el servicio del Registro Civil; fue en dicho enfrentamiento, cuando la policía “utilizó armas incapacitantes no letales” (balas de goma).
El niño de 13 años, que pasaba por el trayecto luego de salir de su escuela secundaria en compañía de su madre, caminó cerca del enfrentamiento, siendo impactado en su cabeza por uno los artefactos utilizados por la policía, en ese momento se desvaneció y estuvo diez días en coma, al final de los cuales murió.
Su madre se enteró de su deceso al encontrarse en una tienda cercana al hospital, en un noticiero. La versión oficial del gobierno del Estado en todo momento fue que la víctima había perecido como consecuencia de la onda expansiva de un cohetón lanzado por los propios pobladores.
No fue sino hasta la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el señalamiento que el niño había sido impactado por uno de los 63 proyectiles disparados, cuando el gobierno estatal sin más opción, reconoció lo realmente ocurrido.
Otros afectados que si bien no perdieron la vida, resultaron con lesiones permanentes, fueron: Hugo Jiménez Varela, quien perdió un ojo; Martín Romero Montes quien perdió parte de la mandíbula, la lengua y por tanto el habla; Gilberto Varela quien perdió sensibilidad en una mano; Vicente Tecalero quien perdió audición; Filemón Pacio, quien también perdió audición, y recibió un fuerte golpe en el pecho y por último Juan Xelhua Ocotl, quien perdió parte de la vista.
La última detención se registró el 21 de noviembre de 2014 contra Montes Bautista, quien estuvo preso, la sociedad civil manifestaba que dicho encarcelamiento se había llevado a cabo sobre la fabricación de cargos; ante ello, el gobierno aseguró que su arresto se suscitó para dar cumplimiento a las recomendaciones de la CNDH, pues se le acusaba de ser el instigador de su comunidad en los hechos del 9 de julio.
Jairo Javier Montes a sus 25 años, fue aprehendido bajo los cargos de: motín, tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad y ataques a las vías de comunicación.
Estando en prisión el gobierno le hizo desde “propuestas” hasta “amenazas” a través de la Fiscalía.
El 4 de septiembre de 2016, Montes Bautista abandonó la prisión; un par de meses después la CNDH informaría que sus recomendaciones emitidas se daban por cumplidas.
La señora Elia Tamayo, madre del menor Tehuatle Tamayo, había recibido ya una compensación económica y había otorgado “el perdón”, días adelante de esta sentencia por parte de la CNDH, Tamayo aseveró que fue “persuadida” (presionada) para aceptar el dinero y dar el perdón a cambio de la libertad de Javier Montes.
El presente Comité apela a la memoria y a la dignidad con la cual ha de conducirse el nuevo gobierno, colocando sobre la mesa, leyes implementadas en el contexto morenovallista; ha de recordarse que las balas de goma se utilizaron por primera vez el 23 de agosto de 2011 durante el desalojo del predio Ciénega Larga en Chignahuapan, sin que existiera alguna legislación que regulara su uso, en ese momento Artemia León Moreno, mujer de 70 años, resultó lesionada en la arteria glútea, lo cual puso en riesgo su vida.
Un segundo momento y ahora sí, habiéndose legislado, la “Ley Bala” se utiliza el 27 de mayo del 2014 en Ajalpan contra pobladores, alcanzando uno los cilindros el rostro de una niña que en consecuencia quedó desfigurado. Antonio Víctor Montes Contreras, detenido el 9 de julio de 2014 en Chalchihuapan, murió el 3 de febrero de 2015, sus familiares argumentan que tras haber pasado por la prisión, Montes Contreras jamás recobró su estabilidad emocional y murió a consecuencia de ello.